El presidente de esa comisión José Brito, recordó que esa instancia ya culminó los ciclos de debate y las comparecencias en las que se le pidió el apoyo al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería para conocer los datos migratorios de los involucrados e interpelarlos, pues muchos de ellos se encuentran fuera del país.
Comentó que con la presentación del documento final se pudiera solicitar la declaratoria de responsabilidad política sobre algunos ciudadanos que usurparon funciones y que generaron daños en lo político, económico, social y humano contra la nación.
Además facilitaron confiscación de recursos del Estado, cuyo monto, aseguró, podría estar por encima de los 90 mil millones de dólares.
Resaltó que el grupo de trabajo respetó el debido proceso y la legítima defensa, y que en todo momento fue transparente, además de trabajar de puertas abiertas.
El diputado aseveró que el informe se dará a conocer en los próximos días, al cual se le incorporaron otras investigaciones, antes de ser sometido a consideración del Parlamento.
Apuntó que la corrupción es nociva venga de donde venga y el caso de la usurpación de funciones para atacar a un país debe ser condenado, al respecto recordó lo sucedido con las empresas Citgo y Monómeros, esta última en la que su directiva está acusada por hacer transacciones fraudulentas.
Entre los diputados involucrados en estas acciones se encuentra el expresidente de la Asamblea Juan Guaidó y sus más cercanos colaboradores.
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