En el caso de Moreno, la Comisión de Régimen Económico elaboró un reporte a partir de la evaluación realizada al texto entregado por el exmandatario con cifras sobre su último año al frente en este país andino, el cual tuvo inconsistencias numéricas y de redacción, entre otros problemas.
El pleno de la Asamblea adoptó por unanimidad tres de las cuatro recomendaciones sobre el informe: rechazar el documento, enviarlo a la Contraloría General del Estado para iniciar una auditoría sobre lo expuesto y también a la Fiscalía, por si es requerida alguna investigación.
Pese al amplio respaldo a la sugerencia de llevar a juicio político al exdignatario por haber incurrido en falsedad ideológica, por falta de veracidad en su declaración, la decisión fue eliminar esa propuesta.
Los asambleístas coincidieron en que no corresponde a un equipo legislativo determinar el enjuiciamiento, sino mediante un proceso, a partir de la elaboración de un expediente y recogida de firmas en apoyo al mismo.
EL informe ofrece estadísticas diferentes en temas como la ejecución y entrega de viviendas, además de problemas en la redacción, entre otros elementos inconsistentes.
Ahora, corresponde a la Contraloría y la Fiscalía realizar el resto de las evaluaciones, mientras sigue latente la voluntad de muchos de enjuiciar políticamente a Moreno.
Por otra parte, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, insiste en permanecer en el puesto, pese a la decisión del Concejo Metropolitano de removerlo y del aval del Tribunal Contencioso Electoral al procedimiento utilizado para su destitución.
Según argumenta, permanecerá en el puesto mientras la Corte Constitucional no se pronuncie sobre medidas cautelares aplicadas a su favor.
De acuerdo con algunos analistas, Yunda se aferra a la alcaldía por todos los medios posibles, mientras el vicealcalde Santiago Guarderas, también prevé acciones legales a fin de poder reemplazarlo.
La situación del burgomaestre empeoró luego de anomalías encontradas en los sorteos para elegir a los jueces a cargo de las causas interpuestas por él.
Durante esta semana también continuó el proceso que enfrenta el contralor general del Estado, Pablo Celi, investigado por presunta delincuencia organizada junto a otros servidores públicos y exfuncionarios de gobierno.
agp/scm
