Los reclamos al Gobierno nacional los encabezan representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quienes comenzaron una huelga de hambre, que describieron como indefinida, en espera de respuestas por parte de las autoridades.
A la medida, vigente desde la víspera, se unieron maestros de al menos cuatro ciudades: Quito (capital del país), Guayaquil, Cuenca y Portoviejo.
Desde las afueras de la Asamblea Nacional, en el centro capitalino, la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, señaló: ‘Hemos dado nuestros argumentos. Lamentablemente la vocería de la presidencia de la república, que tanto habla del encuentro, manifestó que se debe declarar la inconstitucionalidad de la ley’.
Otros de los participantes en la protesta destacaron el apoyo que recibió la normativa en el pleno del órgano legislativo unicameral, con su tratamiento en todas las instancias de ese cuerpo colegiado.
Uno de los puntos fundamentales de la regulación, aprobada por el Parlamento anterior y publicada el 19 de abril de 2021 en el Registro Oficial 434, comprende el aumento del salario básico, de 817 a mil 86 dólares mensuales.
La LOEI debió entrar en vigencia este mes, sin embargo, está en trámite una demanda de inconstitucionalidad, interpuesta por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Ante esa acción, el Segundo y Tercer Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional (CC) admitieron a trámite el recurso y concedieron la medida cautelar de suspensión provisional de la vigencia de la referida ley, hasta que la causa sea resuelta.
Por otra parte, al anunciar la huelga de hambre, la UNE afirmó que ‘el Gobierno del Encuentro no es más que un slogan, no una realidad’. Al respecto, precisó que el 2 de junio último la Unión envió un pedido de diálogo al Gobierno, el cual fue archivado ocho días después y afirmó que ‘el Ejecutivo no solo ha cerrado las puertas a la discusión de un problema de enorme trascendencia para el país, al parecer busca provocar la conflictividad social’.
Esa última afirmación, basada en que el pasado 28 y 29 de julio, los abogados, en audiencia pública, solicitaron declarar inconstitucionalidad del cuerpo legal, lo cual, a juicio de UNE, afectará los derechos y el bienestar de millones de ecuatorianos.
La Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador manifestó respaldo a la medida adoptada por los maestros.
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