El texto consta de 65 artículos que se estructuran en torno al protagonismo y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y a las políticas de verdad, justicia, y garantías de no repetición.
Fuentes oficiales destacaron que la legislación pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y ampliación de derechos humanos y libertades constitucionales.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, fue el encargado de presentar este martes en segunda vuelta al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Memoria Democrática.
Tras la aprobación por el Gobierno, ya como proyecto de ley se remitirá a las Cortes para su debate.
La iniciativa apunta a la protección de las víctimas de la dictadura franquista, de la que aún quedan miles de desaparecidos, a la vez que prohíbe explícitamente exaltar la sublevación militar de 1936 que terminó con la II República en España.
El objeto de esta ley es la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno a principios, valores y libertades constitucionales.
También remarca un rechazo a la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco durante 40 años.
El texto, bastante abarcador, penaliza actos que humillen a las víctimas y exalten el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura.
De otro lado, deposita la responsabilidad en el Estado para crear un banco de ADN y un fiscal específico en la búsqueda de los miles de personas aún dadas como desaparecidas.
Bolaños subrayó que la propuesta contempla verdad, justicia, reparación y deber de memoria, incluidos castigos a los verdugos e investigaciones exhaustivas de sucesos del pasado relacionados con la dictadura franquista.
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