La normativa afecta directamente a las personas LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) y prohíbe la promoción de materiales, artículos o videos sobre ese tema en los centros escolares.
El Ejecutivo regional consideró la ley como discriminatoria y abrió un expediente de infracción contra este país.
La demanda del bloque comunitario pudiera llegar hasta el Tribunal de Justicia de la UE y avalar futuras sanciones financieras al gobierno del primer ministro ultranacionalista Viktor Orban, cuestionado por el mecanismo regional desde su ascenso al poder en 2010.
Reformas judiciales y legislaciones que limitan la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, caracterizan el mandato de Orban, según medios de prensa nacionales.
El alcalde ecologista de esta capital, Gergely Karacsony, declaró que el referéndum es una estrategia para desviar la atención de los húngaros de otros temas internos del país.
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