La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dictó medidas contra el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y la entidad adscrita al Minint por supuestos abusos durante los disturbios del pasado 11 de julio.
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Tanto López Miera como la Brigada Especial Nacional fueron incluidos en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Según la OFAC, las autoridades cubanas reprimieron ‘manifestaciones pacíficas’, aunque videos que circulan en las redes sociales muestran actos vandálicos y atentados contra los agentes del orden y la propiedad estatal.
Además, responsabiliza a las FAR y al Minint de la presunta desaparición de un centenar de personas en el país caribeño luego de los disturbios, pero altos funcionarios cubanos desmintieron públicamente esa afirmación y sí confirmaron la existencia de detenidos por violar las leyes vigentes.
En la práctica, la decisión de este jueves, adoptada bajo el amparo de la Ley Global Magnitsky, prohíbe a las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense negociar con los sancionados, así como realizar cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios.
Esa se suma a otras restricciones contra ciudadanos y empresas de la mayor de las Antillas, entre ellas, el Grupo de Administración Empresarial S.A. y la Financiera Cimex SA.
La propia agencia estadounidense reconoce en su sitio web que con esas sanciones todos los cubanos están bloqueados, independientemente de si aparecen en la lista de ciudadanos especialmente designados y castigados por el Tesoro.
Cuba denunció a Washington por apoyar una campaña que desde las redes sociales promueve la desestabilización de Cuba mientras persiste el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla, recrudecido con 243 medidas adoptadas durante la administración de Donald Trump.
Si bien la Casa Blanca pretende perjudicar los ingresos del gobierno cubano, en la práctica con esas sanciones afectan a las familias y al sector privado de la nación antillana, quienes sufren la escasez aún en medio de la pandemia de Covid-19.
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