Durante tres días los cinco jueces de la máxima instancia judicial del Reino Unido escucharon los argumentos de los abogados de la junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por el presidente constitucional del país suramericano, Nicolás Maduro, y de los representantes del comité ad hoc designado por el autoproclamado mandatario Juan Guaidó.
La batalla legal llegó a los tribunales británicos el año pasado, después que el Banco de Inglaterra se negó a entregarle al BCV las reservas de oro valoradas en casi dos mil millones de dólares, con el argumento de que existía un pedido similar de la junta nombrada por Guaidó.
En una primera instancia, la corte comercial londinense determinó que el opositor tenía autoridad para disponer de las 30 toneladas del preciado metal, porque el entonces canciller británico Jeremy Hunt lo reconoció como mandatario venezolano en febrero de 2019.
El Tribunal de Apelaciones revocó luego ese veredicto, por considerar que el reconocimiento de Guaidó como presidente ‘de jure’ (de derecho) no excluía que Maduro fuera reconocido por el Reino Unido como el presidente ‘de facto’ (de hecho), por lo cual tocaría a la Corte Suprema decidir el caso.
En una declaración remitida al tribunal supremo, la cancillería británica reiteró su reconocimiento al líder opositor como el ‘único presidente legítimo’ de Venezuela, aunque admitió que mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno constitucional venezolano por razones prácticas.
Para el abogado del BCV Nicholas Vineall, el hecho de que Londres confirmara su apoyo irrestricto a Guaidó no es concluyente ni ‘fatal’ para el caso, sino sustenta el argumento de que las autoridades británicas solo lo reconocen como jefe de Estado, pero no como jefe de Gobierno.
El letrado intentó, a su vez, hacer ver a los jueces que el opositor, a quien la Unión Europea ya le retiró ese reconocimiento, no ejerce poder ejecutivo alguno en la nación suramericana, por lo que su junta bancaria también es inválida.
Al respecto, su colega en el equipo legal del bufete londinense Zaiwalla & Co., Jeffrey Jowell, recalcó que el autotitulado mandatario ‘no controla absolutamente nada en Venezuela’, por lo cual en el supuesto caso de que el oro le fuera entregado a sus acólitos, no habría forma de supervisar el uso que les darían a esos fondos.
JUSTICIA Y POLÍTICA
Este caso traza una fina línea entre la ley y la política porque Guaidó pretende ponerse por encima de ella tanto en su país como en el Reino Unido a partir de una declaración emitida por el gobierno británico, alertó el socio principal de la firma de abogados que representa al BCV, Sarosh Zaiwalla, al término de la audiencia en la Corte Suprema. En opinión del letrado, es absurdo que las reservas de oro valoradas en casi dos mil millones de dólares le sean arrebatadas a un gobierno en el poder para ser entregadas a los representantes de una persona que no controla ningún aparato estatal.
Zaiwalla también consideró que un veredicto en ese sentido podría tener ramificaciones potencialmente peligrosas y adversas para la City de Londres, ya que pondría en entredicho la reputación de ese centro financiero como custodio seguro de los activos soberanos de una nación.
Lo único a tener en cuenta en este caso es que cualquier decisión que valide los supuestos nombramientos hechos por Guaidó sería una burla a la realidad, porque sus presuntos funcionarios no tienen capacidad de actuar en nombre del BCV de forma efectiva alguna dentro de Venezuela, remarcó.
APOYO AL INJERENCISMO DE WASHINGTON
El exalcalde de Londres Ken Livingstone (2000-2008) aseveró que el apoyo del gobierno conservador británico al Banco de Inglaterra para mantener el oro venezolano como rehén de la política no solo es vergonzoso, sino absurdo.
Livingstone, quien en una ocasión confesó a Prensa Latina su orgullo por haber tenido la oportunidad de recibir en esta capital al desaparecido presidente bolivariano Hugo Chávez, denunció que la posición adoptada por las autoridades británicas es parte de su apoyo a la campaña de Estados Unidos para derrocar a Maduro.
La Campaña de Solidaridad con Venezuela en el Reino Unido también sumó su voz en apoyo a la devolución de las reservas de oro a su legítimo dueño, el pueblo venezolano y su gobierno constitucional, y poner fin a los ‘chanchullos’ del gobierno británico.
FONDOS PARA COMBATIR LA PANDEMIA DE COVID-19
Durante la audiencia, los abogados del BCV pidieron a los cinco jueces de la Corte Suprema tener en cuenta que los fondos procedentes de la venta del oro ni siquiera irán directamente a manos de las autoridades venezolanas, como alega Guaidó, sino que serán gestionados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para la compra de equipamiento y medicamentos contra la Covid-19 y aliviar la pobreza en el país suramericano.
El presidente de la máxima instancia judicial británica, Lord Robert Reed, prometió analizar de forma expedita los argumentos presentados por las partes contendientes y emitir cuanto antes un veredicto, pero expertos consultados por Prensa Latina creen que el trámite podría demorar varias semanas.
arb/nm/cvl
(*) Corresponsal de Prensa Latina en Reino Unido
