Al menos 150 organizaciones instaron al gobernante a dar pasos concretos para frenar la ola republicana de restricciones al voto.
En una carta firmada por grupos de derechos civiles, incluyendo la Conferencia de Liderazgo y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, los activistas argumentaron que el ‘ideal de cooperación bipartidista sobre el derecho al voto’ no aparece en un Senado fuertemente dividido.
Por lo tanto, Biden debe ‘apoyar la aprobación de estos proyectos de ley por cualquier medio necesario’, expresaron en la misiva difundida el jueves, citada por el diario The New York Times.
La cuestión es de suma importancia para los demócratas, porque los republicanos avalaron en lo que va de año unas 30 leyes en estados del país que probablemente dificulten el sufragio, en especial en las comunidades de población negra y latina, más propensas a inclinarse a favor de la fuerza azul en las contiendas electorales.
Varias de esas legislaciones otorgan a los legisladores estatales más poder sobre el desarrollo de los comicios y facilitan la impugnación de los resultados.
En un ardiente discurso en Filadelfia la semana pasada, Biden advirtió que las trabas al derecho al voto son la ‘prueba más importante de nuestra democracia desde la Guerra Civil’.
Pero el Presidente y los defensores del derecho al voto están cada vez más en desacuerdo sobre cómo pasar ese examen, señaló el periódico.
Los grupos defensores del derecho al voto insisten en que Biden no está gastando suficiente capital político ni utilizando toda la fuerza de su púlpito para persuadir al Congreso.
‘Como ha señalado en su discurso (Biden), nuestra democracia está en peligro’, plantearon en su misiva al alertar que ‘no podemos permitir que una arcaica regla de procedimiento del Senado haga descarrilar los esfuerzos que la mayoría de los estadounidenses apoyan’.
En última instancia, temen que el gobierno de Biden dedique su tiempo a lo que está centrado: un acuerdo bipartidista sobre infraestructuras y una ambiciosa propuesta de gasto, opinan observadores.
Uno de los proyectos es la Ley Para el Pueblo, una revisión de las ordenanzas que se consideró más una declaración política que una legislación viable cuando se presentó por primera vez en 2019.
El otro es la Ley de Avance del Derecho al Voto John Lewis, que restauraría partes importantes de la Ley de Derecho al Voto que el Tribunal Supremo eliminó en 2013.
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