Durante esta jornada está prevista la presentación del avance de informe, elaborado por la Comisión de Fiscalización y Control Político tras el proceso de sustanciación de la solicitud, impulsada por el legislador Juan Cristóbal Lloret, de la bancada de la alianza progresista Unión por la Esperanza.
Para llegar a este punto, el equipo parlamentario recibió al menos 50 testimonios, además de la defensa de Celi, el pasado lunes, quien insistió en la legalidad de su nombramiento, cuestionado por muchos, y de todas sus actuaciones en el ejercicio del cargo de contralor general subrogante.
En sus argumentos de descargo, subrayó que la petición de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones carece de sustento y presentó su renuncia al puesto con el fin de salvaguardar la integridad de las acciones y de la institucionalidad de la Contraloría General del Estado.
Asimismo describió como legal y parte de las funciones del ente que dirigió el desvanecimiento de glosas o limpieza de informes sobre problemas de empresas, una de las causales de la solicitud de enjuiciamiento ante el Parlamento.
Sobre la denuncia por interferir en la función electoral, que también pesa en su contra, aseguró que jamás tuvo la intención de obstaculizar el proceso de comicios generales y solo ejerció su labor de control al auditar el correcto uso de los recursos del Estado.
También intentó justificar su recomendación de realizar una auditoría al sistema informático del Consejo Nacional Electoral.
De su lado, el asambleísta Lloret recalcó que hay acciones de personal clave para demostrar cómo Celi tomó el cargo de contralor general subrogante a la fuerza y no por un acto administrativo.
‘El juicio político a Pablo Celi de la Torre va más allá de su censura y destitución, es un acto fiscalizador, moralizador, que debe marcar un precedente para evitar que redes como estas se repliquen en otros organismos’, sentenció el interpelante en su cuenta en la red social Twitter.
Las consideraciones del legislador son respaldadas por el excontralor Carlos Polit, quien aseguró que su sucesor nunca se posesionó legalmente y se tomó la institución por asalto al autoproclamarse.
‘Fue un acto bochornoso y debe pasar a la justicia ordinaria para que lo investiguen, no puede ser posible que un individuo que le di la mano, que le di un cargo porque lo conocía, porque creí en el, porque trabajamos juntos en el gobierno de Lucio Gutiérrez haya actuado de esa manera’, señaló al presentar su testimonio.
La petición de juicio político es un proceso paralelo a la investigación penal por supuesta delincuencia organizada, que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, y por la cual Celi cumple prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito.
Sobre ese particular, la fiscal general, Diana Salazar, indicó que existen al menos 18 investigaciones en su contra, una instrucción fiscal en curso y ninguna sentencia hasta el momento.
Concusión, tráfico de influencias, delincuencia organizada, incumplimiento de decisiones legítimas, usurpación y simulación de funciones públicas, fraude procesal y peculado son los delitos bajo indagación.
Las denuncias contra el exfuncionario han sido una constante de parlamentarios de la Revolución Ciudadana, previo al procedimiento en curso.
Con el informe de la Comisión de Fiscalización en firme, corresponderá al pleno de la Asamblea Nacional definir la situación de la instancia encargada del control de la utilización de los recursos estatales, y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.
oda/scm
