La decisión se tomó por unanimidad, teniendo en cuenta la magnitud de la información para procesar, con respecto de las seis causales de incumplimiento de funciones propuestas por el interpelante, Juan Cristóbal Lloret, de la bancada de la Unión por la Esperanza.
Según indicó un boletín de prensa del parlamento, el pedido se sustenta en lo previsto en el inciso segundo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Durante esta jornada, la mesa parlamentaria conoció un avance del proceso previo a la elaboración del informe, que consiste en sistematizar los testimonios rendidos en 45 comparecencias, la revisión de documentos aportados por funcionarios, exfuncionarios de Contraloría, de la empresa Petroecuador, autoridades electorales y de otras instancias.
También tiene en cuenta la revisión de la documentación remitida por el interpelante y por el excontralor, Pablo Celi, al igual que los argumentos de cargo y descargo, respectivamente, expuestos en la sesión del lunes 26 de julio.
La Comisión explicó que el avance en el procesamiento de los datos recopilados es de un 50 por ciento y resta dar paso a la valoración de las pruebas, para luego establecer las conclusiones y recomendaciones y presentarlas al Pleno.
Al respecto, el presidente del equipo de fiscalización y control político, Fernando Villavicencio, acotó que hasta el momento todas las resoluciones se han aprobado por unanimidad, lo cual demuestra alto nivel de consenso al interior de la mesa.
‘Queremos entregar al país un informe de alta calidad sobre este proceso de juicio político’, concluyó.
Las causales de pedido de juicio político incluyen denuncias por desvanecimiento de glosas o limpieza de informes sobre problemas de empresas, interferir en la función electoral al pedir al máximo órgano comicial eliminar de su listado a cuatro organizaciones y realizar una auditoría al sistema informático del ente.
También es acusado de asumir, de manera ilegal, el puesto de contralor general del estado subrogante.
A la par, Celi es investigado penalmente por concusión, tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas, usurpación y simulación de funciones públicas, fraude procesal y peculado, además de delincuencia organizada.
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