Pero no bastaba, y por eso fue aprobada una ley para destinar el inmueble -o más bien sus ruinas- a la instalación de un edificio como sede cultural y de recordación del hecho trágico más grande vivido en Paraguay en tiempos de paz.
El desastre se desató cerca del mediodía de aquel domingo 1 de agosto de 2004, en medio de una amplia afluencia de clientes, provocada por una explosión en la cocina del restaurante que formaba parte del complejo.
Mientras las llamas se propagaban, quienes allí estaban quedaron atrapados no solo por estas, sino también ante las puertas cerradas por los guardias de seguridad en el supermercado del centro, que así pretendían evitar el escape con artículos sin pagar.
Las consecuencias no pudieron ser peores: 396 muertos (la mitad menores de edad) y más de 500 personas con heridas de diversa consideración, incluidas 56 con quemaduras de tercer grado.
Más de cuatro meses duró el juicio contra el dueño de la cadena de supermercados, su hijo y un guardia.
El proceso culminó cuando el tribunal, con los votos de dos de sus tres jueces, los condenó a cinco años de prisión como responsables de homicidio culposo, en vez de los 25 solicitados por la Fiscalía por homicidio doloso agravado.
Pero fue una conclusión a medias, pues mientras el último juez leía los fundamentos de su fallo familiares de las víctimas presentes saltaron de sus asientos, tiraron las sillas contra los magistrados y así fue interrumpida la lectura del dictamen.
Este hecho fue argumentado por instancias judiciales y querellantes para afirmar que en este juicio no hubo sentencia, pues no se leyó completamente la decisión de los magistrados y el proceso quedó interrumpido antes de su terminación.
No obstante, aquel fallo provocó graves incidentes en esta capital al considerarse demasiado bajas las penas.
El edificio donde se produjo el incendio había sido inaugurado tres años antes y era uno de los más modernos de la cadena y de la ciudad en ese entonces, con una superficie de 12 mil metros cuadrados.
Contaba con estacionamientos para más de 350 vehículos, oficinas comerciales, el supermercado y el restaurante donde se produjo la explosión, entre otros locales.
Aunque había sido autorizado para su funcionamiento por las autoridades municipales de Asunción, informes periciales lo calificaron con posterioridad como una bomba de tiempo.
Según esos testimonios y otras declaraciones, se estableció que tres de los ductos no salían al exterior, lo cual hacía que se acumulara una gran cantidad de humo y gases en la cámara entre el cielo raso y el techo.
Al no contar con medidas de extracción del material altamente inflamable, según los entendidos el recinto terminó en constituir una trampa mortal.
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