En la pantalla de Bolivia TV, Chávez manifestó que por el momento la audiencia de Murillo está programada para el 9 de agosto, sin embargo la defensa pidió suspenderla de nuevo para septiembre.
Agregó que probablemente hoy se conozca que la audiencia del procesado se postergaría hasta el próximo mes, y señaló que serán respetuosos de los procedimientos seguidos en Estados Unidos en relación a la situación legal del exministro.
Estamos absolutamente seguros de los delitos que cometió Murillo mientras fue autoridad durante el gobierno de facto en Bolivia, enfatizó el procurador general Chávez sobre el exministro golpista.
De acuerdo con la investigación de seguida en Estados Unidos, Murillo y otros exfuncionarios recibieron sobornos a cambio de direccionar la compra de gases lacrimógenos de parte del Gobierno de facto a la empresa Bravo Tactical Solutions.
Según esos datos, la empresa Bravo cobró al Estado boliviano 5,6 millones de dólares, pero compró los agentes químicos en 3,3 millones a la empresa Cóndor de Brasil, lo cual deja un sobreprecio de más de dos millones de dólares, reportaron medios informativos.
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