El plazo fue impuesto a la Comisión de Fiscalización y Control Político del legislativo, a cargo de recopilar pruebas de cargo y descargo en el marco del proceso contra el exfuncionario, por incumplimiento de funciones.
Según explicó la Asamblea Nacional en un Comunicado Oficial, la decisión responde a que el equipo solicitó de forma extemporánea una prórroga para la entrega del reporte.
En vista del incumplimiento del trámite y conforme a la normativa correspondiente, la presidencia de la institución no concedió la extensión, pues la petición contradice el procedimiento establecido en la Ley que rige la Función Legislativa.
Al respecto, la comisión deberá presentar, hasta el viernes, el texto detallado sobre las posiciones de los asambleístas que la integran y el pleno resolverá sobre la pertinencia del juicio político, promovido por Juan Cristóbal Lloret, legislador de la alianza progresista Unión por la Esperanza.
El dictamen fue anunciado a pocas horas de un encuentro previsto esta jornada, de forma semipresencial, para la revisión del documento, que consta de nueve elementos.
Análisis jurídico, responsabilidad política, antecedentes, pruebas de cargo y de oficio, que incluyen las 45 comparecencias a la Asamblea Nacional durante 10 días e información requerida a 18 instituciones públicas, incluida la Contraloría General del Estado, forman parte del texto.
El documento comprende además cuatro carpetas presentadas por Pablo Celi con argumentos de su defensa, además de su testimonio, las conclusiones teniendo en cuenta las seis causales presentadas por el interpelante y varias recomendaciones.
Parlamentarios de varias bancadas respaldan la petición de censurar al excontralor general subrogante, cuyo nombramiento para el cargo es puesto en tela de juicio en el país y considerado ilegal por algunos juristas.
Otros motivos para enjuiciar políticamente a Celi incluyen denuncias en su contra por indicar el desvanecimiento de glosas o limpieza de informes de algunas empresas y por interferir en la función del Consejo Nacional Electoral al recomendar eliminar cuatro organizaciones del registro oficial y realizar una auditoría al sistema informático del ente.
A la par del proceso en la Asamblea Nacional, el exfuncionario enfrenta una investigación penal por supuesta delincuencia organizada en el caso conocido como Las Torres.
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