El equipo parlamentario llegó a esa resolución, por unanimidad, luego de unificar las solicitudes de los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Yeseña Guamaní, de la Izquierda Democrática.
Tras el dictamen, Carrión será notificado en la cárcel 4 de Quito, donde cumple prisión preventiva mientras es investigado por supuesto abuso sexual, para que prepare sus pruebas de descargo o defensa.
A juicio de la comisión, el defensor del pueblo incumplió las funciones asignadas por la Constitución y la ley, por lo cual dieron trámite al proceso.
Entre las causales del juicio político constan que Carrión violó el Estado de excepción contenido en el Decreto Ejecutivo 1291, para evitar contagios por Covid-19, al asistir el pasado 15 de mayo a una reunión social en horas de la noche y haber participado en un incidente violento.
Asimismo, estiman que también infringió las normas al solicitar vacaciones desde el 16 de mayo al 17 de junio, mientras ya se encontraba privado de su libertad.
El encargo de funciones desde la prisión a la vicedefensora Zaida Rovira, así como haber suscrito y enviado, por vía correo institucional, la resolución de su cesación de funciones y la designación en su reemplazo de Tania Castillo, también están en su contra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez calificado el trámite y con la notificación al enjuiciado, correrá un plazo de 15 días para la respuesta a las acusaciones políticas y las pruebas que considere pertinentes.
Asimismo, serán notificados los asambleístas interpelantes, para que, en ese lapso, sustenten sus pedidos.
Durante esta jornada Carrión recibió otro revés, pues fue llamado a juicio penal como presunto autor del delito de abuso sexual, por el que es indagado por la Fiscalía General.
Igualmente, un juez de la Corte Nacional de Justicia ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.
Para sustentar la denuncia, la fiscal general, Diana Salazar presentó 36 elementos de convicción.
En reacción, su abogado defensor, Stalin Raza, advirtió que hay desequilibrio y desigualdad entre lo presentado por su equipo legal y los denunciantes.
‘Teníamos la expectativa de que el juez iba a valorar objetivamente los elementos de cargo y descargo, pero al contrario, se valoró solo los argumentos de la Fiscalía y no a los argumentos presentados por la defensa’, insistió.
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