La decisión viene estipulada en el Decreto 41 del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial de la República, y busca ofrecer al Estado y demás actores las cifras actualizadas de las principales características demográficas, sociales, económicas y educacionales de las personas y lugares de residencia.
También la indagación enriquecerá la disponibilidad de recursos para evaluar las políticas aprobadas y el plan de desarrollo hasta el año 2030.
El documento esclarece que las labores preparatorias para ese estudio comenzarán desde este año.
De acuerdo con la normativa, las personas comprendidas para tal investigación están obligadas a proporcionar los detalles solicitados a través del cuestionario y otros datos requeridos por la Oficina Nacional de Estadística e Información, responsable de efectuar el censo.
Por su importancia y magnitud, la iniciativa requiere del concurso de los organismos de la administración central del Estado, entidades nacionales, gobiernos locales, demás instituciones y los ciudadanos, precisó el decreto.
Además, las actividades para el listado oficial de la población y sus condiciones económicas y sociales corren a cargo del personal contratado a través de las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, bajo los requisitos establecidos.
El último censo realizado en Cuba fue en el período del 15 al 24 de septiembre del año 2012, e indagó sobre las características geográficas, personales, de los hogares, educacionales y de la migración.
En ese entonces, la población era de 11 millones 167 mil 325 habitantes, de ellos más de dos millones en La Habana.
Según expertos, las variables demográficas son analizadas a nivel territorial y en la actualidad las autoridades no aprueban ninguna estrategia de desarrollo sin tener en cuenta estas investigaciones.
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