Por tercera ocasión la Interpol consideró improcedente la solicitud, formulada en mayo último, por el juez Walter Macías, en el caso Sobornos.
En esa causa el exdignatario fue sentenciado, en ausencia, a ocho años de prisión por supuesto cohecho agravado, en un proceso lleno de irregularidades y denunciado por ser parte de la persecución política contra Correa, según el equipo de la defensa y personalidades políticas.
‘Otra vez la justicia ecuatoriana hace el ridículo. NADIE les cree. Todos saben que es una vulgar persecución política’, afirmó en su cuenta en la red social Twitter el exmandatario, quien radica en Bélgica desde el final de su segunda gestión presidencial, en 2017.
Según indicó Correa: ‘más temprano que tarde serán ellos los que tendrán que enfrentar a la verdadera justicia’.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina sobre el dictamen de la organización internacional, el asambleísta Fausto Jarrín aseguró que es la crónica de una muerte anunciada.
‘Nuevamente Interpol aplica los límites que le impone el Artículo número 2 de su estatuto, relacionado con el ajuste a las garantías de los derechos humanos y dice que la solicitud del Ecuador, estaría incumpliendo esos parámetros y requisitos, y en función de eso, junto a muchas otras razones, decide negar el pedido enviado hace poco más de dos meses’, aseguró.
A su juicio, el dictamen es un nuevo revés para la justicia de Ecuador y un triunfo para los líderes y militantes de la Revolución Ciudadana, con Correa al frente, quienes han sido víctimas de una fuerte guerra jurídica y persecución política.
‘Desde mi posición de abogado litigante, que he sido la mayor parte de mi vida, y ahora desde mi posición de asambleísta, representante del pueblo ecuatoriano, pienso que es motivo de vergüenza e indignación que nuestro país se transforme en recadero de actos circenses a estamentos internacionales’, amplió.
Asimismo, insistió en que para la Revolución Ciudadana y los perseguidos políticos, constituye una victoria ese fallo, pues internacionalmente se sigue diciendo no a una justicia politizada, a un proceso viciado, lleno de atropellos a los derechos humanos y a las garantías del debido proceso.
‘Para nosotros es una alegría saber que fuera del país nadie hace eco de la barbarie jurídica que representa el Caso Sobornos y todos los procesos de persecución a Rafael Correa y a todos los líderes de la Revolución Ciudadana’, recalcó.
La causa, que definió como burda y forzada, estuvo vinculada a la supuesta financiación irregular, en el período 2012-2016, de actividades proselitistas del partido Alianza País, que constituía el oficialismo durante la gestión del exgobernante.
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