El parlamentario rindió esta jornada su versión, en el marco de la indagación por una supuesta gestión de cargos públicos a cambio de dinero, por parte de Jiménez, quien ocupa el cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
Villavicencio explicó que la semana pasada recibió información notarizada de un grupo de ciudadanos con mensajes y audios relacionados con el presunto delito, los cuales dan cuenta además de una transferencia de tres mil dólares a la cuenta del hijo de la asambleísta, como parte de un acuerdo para otorgar un puesto de asesor.
A la denuncia, ratificada hoy se sumó otra desde la bancada de la alianza progresista Unión por la Esperanza (UNES), que en rueda de prensa presentó nuevas pruebas de posible concusión.
Según explicó Victoria Desintonio, de UNES, una persona identificada como Scarlett Lindao también presentó un recurso ante Fiscalía, en el que acusa a Jiménez de ofrecerle un puesto en su despacho a cambio de seis mil dólares, por un período de cuatro años, y el primer pago fue de dos mil 500, realizado en mayo pasado a favor de un hermano de la legisladora.
Las pruebas notarizadas por UNES serán entregadas ante el Consejo de la Administración Legislativa.
‘Se viene una depuración ética y moral de esta Asamblea’, aseguró Desintonio en la conferencia de prensa.
De su lado, Jiménez emitió un comunicado público en el cual señala que fue afectada por el ‘abuso de confianza de sus asesores’, quienes, tomándose su nombre mal utilizaron sus equipos de comunicación personal, a fin de obtener beneficios personales.
En medio de la indagación previa abierta en su contra por presunta concusión, el partido Izquierda Democrática, en el que milita, las expulsó de sus filas.
Mientras tanto, también se espera un pronunciamiento de la Asamblea Nacional sobre el caso y el presidente de la Comisión de Fiscalización habló de una posible resolución del pleno, en los próximos días, para generar la destitución de la segunda vicepresidencia y las acciones penales correspondientes.
En el período legislativo anterior, varios miembros del pleno fueron separados de sus cargos y procesados judicialmente por pedir y aceptar coimas a cambio de posiciones en los equipos parlamentarios.
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