Ganar la guerra dos décadas después de ser arrancados del poder en un fabuloso sprint de pocos días de toma de ciudades resultó la parte fácil para el grupo armado, que ahora debe lidiar con la administración de un país empobrecido y asolado por el conflicto bélico.
El anterior gobierno del presidente Ashraf Ghani -apuntalado multimillonariamente por Washington- no logró satisfacer las aspiraciones de la población afgana, pues su nivel de vida apenas mejoró con servicios básicos deficientes como salud y educación.
Afganistán es el séptimo país más pobre del mundo y depende principalmente de la ayuda externa y ahora sus perspectivas económicas parecen más sombrías, sobre todo con cinco millones de desplazados internos, además de los cientos de miles de muertos tras la invasión estadounidense y de la OTAN.
El Producto Interno Bruto nominal de Afganistán es de casi 20 mil millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional, con ingresos de menos de dos dólares al día para el 90 por ciento de su población, sin contar su primer lugar global en mortalidad infantil.
La nación centroasiática fue sumida en la corrupción, mientras la precaria situación de seguridad obligó a 11 millones de afganos a convertirse en refugiados.
Los talibanes lanzaron su ofensiva militar en mayo cuando las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos comenzaron a retirarse como parte del acuerdo firmado entre la insurgencia y la administración de Donald Trump en 2020, en Doha, Qatar.
Las fuerzas de seguridad afganas se rindieron tras la mediación de los ancianos de las tribus locales o simplemente se retiraron dejando todo el armamento y con ello posibilitaron el paseo triunfal de los radicales, señaló la cadena Al Jazeera.
El grupo armado fundamentalista anunció una amnistía general para los funcionarios del gobierno, en aras de mantener el mayor número posible de personas en sus funciones actuales.
Mientras, el ex vicepresidente Amrullah Saleh y Ahmad Massoud -hijo del comandante muyahidín tayiko Ahmad Shah Massoud- hicieron un llamamiento para desafiar al movimiento Talibán.
La resistencia antitalibán recuperó varias áreas en el norte de Afganistán y en las redes sociales circulan fotos, videos e informes sobre aparentes enfrentamientos contra los talibanes.
No obstante, los radicales fundamentalistas son reconocidos como buenos en el mantenimiento de la seguridad -aunque con medios muy duros- y en la provisión de formas eficientes de justicia tradicional, pero con poca o nula comprensión de cómo realizar las demás funciones administrativas.
Es probable que tengan dificultades para ofrecer una gobernanza eficaz a la población, pues el futuro gobierno no dispondrá de muchos recursos para los servicios públicos.
Recientemente, Estados Unidos congeló nueve mil 500 millones de dólares de los activos del banco central afgano, mientras el Fondo Monetario Internacional suspendió el acceso a sus recursos.
Para desbloquear la financiación internacional será clave el reconocimiento del gobierno talibán por la comunidad internacional y muchos advierten que sin ello y las donaciones internacionales, no serán capaz ni siquiera de pagar los salarios.
Y aunque una importante riqueza mineral permanece en el subsuelo del país, la inestabilidad política impide las grandes exploraciones y las inversiones internacionales.
Con el éxodo de miles de personas, están el problema de retener suficiente mano de obra y funcionarios para tratar los asuntos del Estado y la carencia de profesionales y gente para dirigir las instituciones estatales.
El anterior gobierno talibán, entre 1996 y 2001, de enfoque fundamentalista extremo, fue desastroso por sus abusos contra las mujeres, las niñas, las minorías étnicas e incluso hasta para la educación, y el país quedó entonces aislado internacionalmente.
Por ende, es imperativo que la nueva estructura controlada por los talibanes tome en cuenta los derechos populares.
Después de tomar Kabul, el grupo armado habló de respetar el papel de la mujer en la esfera pública, pero enfrentan grandes desafíos en garantizar un nivel aceptable de políticas de derechos humanos y de género, leyes sobre medios de comunicación y sociedad civil, así como derechos étnicos y de las minorías.
Por otro lado, es necesario que las agencias humanitarias proporcionen ayuda urgente a más de cinco millones de desplazados internamente en Afganistán a consecuencia de la violencia.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados manifestó preocupación por las necesidades humanitarias e instó a los países vecinos a abrir sus fronteras para paliar la crisis.
Más de 28 mil personas fueron evacuadas desde Kabul y decenas de miles esperan salir del país, pues temen la vuelta del estricto régimen talibán.
Afganistán tampoco debe ser refugio de grupos terroristas, pues pondría en peligro la paz y la estabilidad de la región y el mundo, como expresó el Consejo de Seguridad de la ONU.
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