El recurso fue atendido, de forma presencial, en la Corte Nacional de Justicia, a donde fue trasladado el funcionario desde la Cárcel 4 de Quito, en la cual cumple prisión preventiva.
La resolución del tribunal concluyó con el rechazo al pedido y la ratificación de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa en su contra.
Asimismo, los magistrados desecharon lo expuesto por el equipo legal de Carrión, en cuyo criterio la disposición es arbitraria y señalaron que se aplica para proteger a la víctima.
Igualmente, ampliaron que al existir un auto de llamamiento a juicio aumenta el peligro de fuga por parte del procesado.
Sobre el dictamen, Stalin Raza, abogado defensor de Carrión, señaló: ‘frente a la ausencia de argumentos que tenía la prisión preventiva dictada por el juez Adrián Rojas, los jueces tributaria hoy, del habeas corpus, han mejorado la fundamentación’.
Por su parte, Marcelo Icaza, abogado de la presunta víctima, reconoció que Carrión consignó sus pasaportes en el medio del proceso, pero según los jueces eso dificulta, aunque no impide una posible salida del país.
A pesar de enfrentar a la justicia, Freddy Carrión continúa en el cargo hasta octubre venidero, pues tiene permiso de ausentarse hasta ese mes y cuando llegue aquel momento, será necesario esperar por la determinación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El defensor del pueblo fue detenido el pasado 17 de mayo, un día después de un incidente violento que protagonizó en una fiesta en la casa del exministro de Salud Pública Mauro Falconí, donde también estaba la supuesta víctima de abuso sexual.
El pasado 10 de agosto, la Corte Nacional decidió llamarlo a juicio, como presunto autor del delito, tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía.
Unos días antes, el 26 de julio, en la audiencia preparatoria, la fiscal Diana Salazar, quien lleva la investigación, presentó 36 elementos de convicción para sustentar el dictamen acusatorio.
Mientras, la Defensoría del Pueblo ha presentado problemas en su directiva, pues la defensora subrogante en funciones es Zaida Rovira, pero Tania Castillo, delegada en la provincia Carchi, reclama el puesto, tras ser designada por el Cpccs en julio último.
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