De acuerdo con autoridades sanitarias, el país registró un alza de contagios por el virus SARS-CoV-2, causante de la dolencia, al borde de cinco mil diarios y hospitales rebasados.
La primera señal de colapso la dio el capitalino hospital temporal Parque de la Industria, cuyos médicos anunciaron el pasado miércoles la imposibilidad de atender más pacientes al llegar al máximo de la capacidad instalada, incluso ya con un incremento de áreas de urgencia.
En este contexto, el presidente Alejandro Giammattei anunció el jueves último un Estado de Calamidad Pública, el cual examina hoy el Congreso con el fin de disminuir drásticamente la movilidad de los guatemaltecos.
El Decreto Gubernativo 8-2021 incluye un toque de queda nocturno parcial durante un mes y otras disposiciones para privilegiar las actividades productivas y sociales a distancia como eventos culturales, religiosos y clases en los diferentes niveles educativos.
‘Ante la crisis de salud que hoy enfrentamos, con un incremento de casos a nivel nacional y hospitales al máximo de su capacidad, no podemos perder más tiempo…Como presidente de la República y representante de la unidad nacional tengo la obligación de tomar decisiones que permitan proteger la vida y el bien común’, argumentó.
Además del apoyo de los diputados, el gobernante solicitó ‘la empatía y solidaridad de quienes sufren los efectos de la pandemia y del personal de salud que esta exhausto luego de 15 largos meses de estar en la primera línea de combate contra el virus’.
La víspera, el país llegó a 484 mil 263 casos acumulados de la Covid-19 y 12 mil 155 fallecidos, las cifras más altas en Centroamérica, y con la presencia de seis variantes del coronavirus, entre ellas, la temida delta, por su alta transmisión.
Otro tema de impacto fue la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez de enviar a juicio a los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas por genocidio y delitos contra la Humanidad.
Con la medida, anunciada se restituye una primera parte del derecho de las víctimas a la verdad, destacó en un comunicado la Asociación Justicia para la Reconciliación y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag.
La decisión, considerada histórica, da valor probatorio a casi 200 testimonios, 148 peritajes de Antropología Forense, 12 peritajes científicos y más de 70 documentos militares, históricos y hemerográficos, que dan cuenta de un aproximado de mil 731 víctimas de masacres.
‘Falsamente resultaron calificados por la inteligencia militar como enemigos del Estado y atacados sistemáticamente con operaciones militares denominadas como de barrida, durante el Gobierno del General Romeo Lucas García entre 1978 y 1982, detallaron.
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