El convenio se logró tras una renegociación entre las partes para otorgar acceso al país a un total de cuatro mil 500 millones de dólares procedentes de esa y otras instituciones como el Banco Mundial.
Según especificó el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, con lo aprobado Ecuador contará con mil 500 millones de dólares del FMI hasta finales de este año y otros mil millones para 2022.
El monto inicial, que aún está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI en las próximas semanas, se dividirá en 800 millones de dólares en un primer momento y otros 700 millones en la próxima revisión, a final de este año.
De acuerdo con las especificaciones, la renegociación establece metas fiscales, de protección social, fortalecimiento de las finanzas públicas y recuperación económica.
Cueva señaló que ese montó ayudará a recuperar empleos e impulsar la reactivación, lo cual es opuesto al criterio de algunos economistas, a cuyo juicio los negocios con la multilateral financiera solo generan mayor pobreza en los países en vías de desarrollo.
‘Acuerdos con el FMI definen disminución de gasto e inversión pública: despidos de empleados, menos asignaciones a educación, salud, seguridad e inversión pública. Pero plata hay para arbitrajes’, consideró en reacción al acuerdo el economista Diego Borja.
Por su parte, el académico Héctor Terán alertó que el acuerdo es la clásica receta neoliberal.
EL anuncio también desató críticas al presidente de la república, Guillermo Lasso, de ciudadanos que le exigen cumplir sus promesas de generar dos millones de empleos y aumentar el salario básico unificado a 500 dólares, entre otros compromisos adquiridos en campaña.
El desempeño del Fondo Monetario Internacional en etapas de crisis financieras es cuestionado además por el impacto negativo de sus recomendaciones y condicionamientos en los sectores económico y social.
En los últimos cuatro años y medio, numerosos sectores de la sociedad desarrollaron protestas para exigir al gobierno nacional la salida de la instancia multilateral del país y el fin de los acuerdos crediticios.
Los manifestantes sostienen que el anclaje de los préstamos a planes de austeridad y recortes solo afecta a los sectores con menos ingresos en esta nación andina, donde unas 117 mil 716 personas pasaron al subempleo en julio último.
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