La propuesta, por incumplimiento de funciones, quedó refrendada por mayoría de seis votos en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, sobre la base de las solicitudes presentadas por los legisladores Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática) y Ricardo Vanegas (Pachakutik).
En el informe, el equipo legislativo determina que luego de todas las pruebas de cargo y descargo, testimoniales y documentales recibidas, existen varias infracciones a normativas expresas, como la Ley de la Defensoría del Pueblo y la Ley Orgánica del Servicio Público.
Asimismo, establece que hubo incumplimiento de regulaciones sobre los derechos humanos al ejercer violencia y daños contra una persona de sexo femenino, lo cual evidenciaron videos y documentación expuesta en el proceso penal, por lo cual se levanta Fuero de Corte y se da paso a la instrucción fiscal.
En criterio de la mayoría de la mesa parlamentaria, se presume que hay elementos suficientes para considerar la ocurrencia del hecho de vulneración, el cual debe ser investigado y procesado en instancias judiciales.
Según los legisladores, en mayo último, en medio de un toque de queda, Carrión hizo uso indebido de vehículos institucionales y bienes, ingirió alcohol y permitió a otras personas usar su firma electrónica, la cual es personal de acuerdo con la Ley de Comercio Electrónico, lo que incitó a hechos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Además de la recomendación de llevar el juicio político ante el pleno, la Comisión propuso
remitir a la Fiscalía General del Estado audios de testimonios relacionados con presunta información sobre la denominada vacunación VIP contra la Covid-19.
Igualmente el informe insiste en la autorización del Defensor del Pueblo para el uso de su firma electrónica por sus abogados Stalin Raza, Juan Carlos Salazar, Francisco Dávalos y su esposa Priscila Schettini, lo cual configuraría un delito de usurpación de funciones.
Mientras en el seno del Parlamento se analiza el pedido de juicio político, Carrión cumple prisión preventiva por un proceso penal abierto en su contra, tras ser acusado de presunto abuso sexual a la pareja sentimental del exministro de Salud Pública Mauro Falconí en mayo último, cuando violó el toque de queda dispuesto para evitar la propagación de la Covid-19.
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