La misiva dirigida a Crispiano Adames, presidente de la actual legislatura, explicó que el 9 de agosto pasado recibieron de la jueza Baloisa Marquínez una solicitud de detención preventiva con fines de extradición de los mencionados ciudadanos y al día siguiente la tramitaron por canales diplomáticos ‘para su presentación ante la Cancillería guatemalteca’.
El Juzgado Tercero Liquidador pidió la presencia de los hermanos Martinelli en las audiencias del caso por supuestos sobornos pagados por contratistas del Estado a funcionarios panameños, y mediante ese expediente el Ministerio Público solicitó al tribunal llamar a juicio a 51 personas por presunto blanqueo de capitales y otros delitos.
El documento de la Cancillería responde a una solicitud de varios diputados preocupados por la situación de los hijos del exgobernante, detenidos en Guatemala desde el 6 de julio de 2020 a pedido de la justicia de Estados Unidos, la cual reclamó la extradición a esa nación por presunto lavado de activos y un esquema de sobornos a funcionarios públicos.
La carta, firmada por la canciller Erika Mouynes, explicó la atención consular ofrecida a los reos detenidos en una cárcel de alta seguridad en Ciudad Guatemala, además de ‘velar por el respeto y garantías de esos ciudadanos panameños’.
En un show mediático, el expresidente apareció en julio pasado ante los medios rodeado de un grupo de diputados, en su mayoría pertenecientes a Cambio Democrático, partido que abandonó, y pidió que Panamá también reclamara la extradición de los reos para juzgarlos en el país, donde son investigados por corrupción.
Los legisladores hicieron una carta para que el parlamento istmeño se pronunciara sobre la situación jurídica de quienes consideran diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque no fueron juramentados, y se exijan los ‘derechos y prerrogativas’ que como tal les corresponden.
Se trató de invocar su condición de supuestos integrantes del Parlacen y la inmunidad que ello implica, cuya protección la rechazó el propio órgano legislativo ante una consulta del Ministerio Público guatemalteco, que consideró el intento como ‘una acción mediática más que un fundamento jurídico’.
Abogados expertos en derecho internacional advirtieron que la decisión de si los entregan a Estados Unidos o Panamá, dependería de las leyes guatemaltecas, de las cuales finalmente se conoció que la prioridad es del primer Estado solicitante.
Ayer el canal Telemetro informó que el Organismo Judicial de Guatemala trasladó el expediente de Luis Enrique Martinelli a la Cancillería de ese país centroamericano para que realice las gestiones administrativas y coordinaciones para su extradición a Estados Unidos, e igual suerte deberá correr su hermano.
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