La acusación por presunta concusión la interpusieron ante la Fiscalía General del Estado miembros de su tienda política.
El proceso inició a partir de diálogos telefónicos, en los que estarían involucrados el legislador y uno de sus asesores, sobre peticiones de aportes monetarios a terceros para facilitar la apertura de una sede política en el sur de Quito.
Esa información acerca del supuesto delito la recibió Alejandro Jaramillo, representante de la misma bancada.
La denuncia cuenta, además, con el respaldo de los miembros de ID Johanna Moreira, Rodrigo Olmedo, Ramito Narváez, Dalton Bacigalupo, Luis Marcillo, Amparo Guanoluisa, Marlon Cadena, Yeseña Guamaní y Xavier Santos.
En una primera reacción, Recalde rechazó los señalamientos y anunció que iniciará acciones legales en contra de quienes lo responsabilizan por los pagos indebidos.
Asimismo, difundió un comunicado con aclaraciones sobre las auditorías que enfrentó en la Contraloría, mientras fungía como procurador síndico en el cantón Pedro Moncayo y jefe de Talento Humano de la empresa Metropolitano de Rastro de Quito.
De su lado, Izquierda Democrática sostiene que sus acciones forman parte de un proceso de depuración al interior de la fuerza política.
Recientemente, el partido expulsó a Bella Jiménez, quien ocupaba el puesto de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, por infracciones similares.
Jiménez enfrenta un proceso de investigación, en el Parlamento por incurrir en la prohibición de gestionar cargos públicos y cobrar dietas que sean ajenas a la actividad de asambleísta.
Igualmente, la Fiscalía general del Estado abrió una indagación tras la denuncia presentada por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio.
Por el momento, otros miembros del pleno están bajo la lupa con diferentes acusaciones.
La víspera, en su defensa en medio del juicio político en su contra, el defensor del pueblo Freddy Carrión afirmó que algunos parlamentarios buscan reparto y tramitar puestos en la institución a su cargo.
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