Después de cuatro días de intensos debates a instancia de jefes de bloque del Congreso para poner a punto la normativa y lograr el consenso de las 19 bancadas, el pasado lunes quedó aprobado el texto de urgencia nacional con el voto mayoritario de los 160 diputados.
Una moción privilegiada para discutir y aprobar la llamada iniciativa 5977 permitió su examen expedito para facilitar la adquisición de medicamentos, bienes, suministros, servicios, material médico quirúrgico y contratación de servicios técnicos o profesionales con fondos públicos de manera temporal, hasta finales de diciembre.
La necesidad de una ley de este tipo cobró fuerza en el Legislativo, después de un segundo voto en contra del Estado de Calamidad Pública propuesto por el Gobierno para facilitar compras sin controles estrictos y decretar un toque de queda nocturno parcial, muy cuestionado por su alcance.
Por primera vez en esta legislatura, los diputados lograron ponerse de acuerdo rápidamente y trabajaron en función de dotar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) de una herramienta para enfrentar la crisis sanitaria en curso, con contagios entre cuatro y cinco mil casos diarios y varios hospitales colapsados.
Diputados de partidos de oposición destacaron que la Ley de Emergencia ‘no es un cheque en blanco, tiene un destino preciso y queda clara la transparencia con que deben usarse los recursos, además de beneficiar salarialmente al personal médico y dignificarlo’.
Un capítulo importante es el segundo, donde se establece el listado básico de las compras a realizar o contrataciones de medicamentos, destinadas con exclusividad a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
Otro tema que acaparó la atención mediática fue la celebración del Bicentenario de la Independencia a partir de dos visiones, la oficial y la de los pueblos originarios, quienes mostraron su rechazo a 200 años de permanente racismo, violencia y saqueo.
El 15 de septiembre, convocados por el Comité de Desarrollo Campesino, los indígenas salieron a los espacios públicos y parques de los 16 departamentos del país para revindicar sus derechos e izaron la bandera de los cuatro pueblos originarios en la capitalina Plaza de la Constitución como expresión de sus luchas históricas.
‘El estado guatemalteco se construyó a base de racismo, violencia y saqueo de los pueblos y este 2021 no hay nada que celebrar’, una consigna que junto a No al Bicentenario dio sentido a la jornada de protesta del pasado miércoles, como continuidad de las demandas de finales de julio con el pedido de renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Las expresiones de descontento contra los festejos oficiales, suspendidos presencialmente por la pandemia de la Covid-19, pero no sus gastos, se extendieron a bancadas opositoras en el Congreso, donde Giammattei llamó a pasar la página de la polémica que despierta la efeméride y mirar al futuro en unidad y paz.
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