La diligencia forma parte de un proceso abierto tras una denuncia por presunto fraude en la adquisición de pruebas para detectar la Covid-19, en abril de 2020, cuando la pandemia se extendió rápidamente por todo el país.
Durante la sesión los jueces recibieron alegatos de los acusadores y la defensa del burgomaestre y el resto de los denunciados.
En su presentación, el fiscal Alberto Santillán señaló que el convenio lo suscribieron la secretaría de Salud del Distrito Metropolitano y la empresa Salumed, por la compra de 100 mil pruebas PCR de tipo polimerasa, pero las recibidas fueron RT Lamp.
Al respecto, señaló que el cambio implicó un perjuicio para el municipio de 2,2 millones de dólares.
Por su parte, Marcelo Icaza, abogado defensor del alcalde, advirtió: ‘No encontramos ningún elemento y hay que partir de algo, va a ser imposible para la fiscalía demostrar que Jorge Yunda tuvo algún grado de participación’.
El letrado agregó que la instancia habla de conocer, lo cual no genera acción, pues el funcionario delegó el proceso contractual a la Secretaría de Salud.
Icaza especificó que igualmente las pruebas cumplieron con el objeto de diagnóstico y son de mejor calidad.
No obstante, el fiscal acusa al burgomaestre de autor mediato de peculado al exsecretario de Salud Lenin Mantilla y al representante de la empresa Salumed Juan Pinelli de autores directos y el resto de coautores.
Una vez que concluya la recepción de alegatos, la fiscalía procederá a individualizar las denuncias y dará a conocer su solicitud de posibles sentencias.
Desde el inicio de su gestión en 2019, el alcalde de Quito ha tenido altibajos marcados por grupos que apoyan y rechazan sus labores, un proceso de destitución aprobado por el Consejo Metropolitano y la posterior restitución en el cargo, además del actual proceso penal.
También es señalado por una investigación abierta en contra de su hijo, Sebastián Yunda, a la que fue vinculado por asociación ilícita, luego de mensajes encontrados en su celular en los cuales intercambia con funcionarios municipales y algunos empresarios.
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