El texto fue devuelto tras un análisis, en el cual el equipo de la Asamblea Nacional consideró que hay falta de unidad de materia, al hacer referencia a los ámbitos laboral, de seguridad social, tributario y financiero, energéticos, mineros y de uso del suelo, entre otros.
A juicio de cinco de los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el documento vulnera no solo la carta magna, sino también la Ley Orgánica de la Función Legislativa, además de contar con posibles vicios de inconstitucionalidad.
La resolución contó con cinco avales, mientras que dos asambleístas votaron en contra de acoger la recomendación de la Unidad de Técnica Legislativa y no calificar el proyecto presentado con carácter de urgente en materia económica.
La presidenta del máximo órgano legislativo, Guadalupe Llori, y Darwin Pereira (Pachakutik), Johanna Moreira (Izquierda Democrática), Ronny Aleaga (Unión por la Esperanza) y Bella Jiménez (recientemente expulsada de Izquierda Democrática), decidieron no calificar el proyecto.
De otro lado, la moción fue rechazada por Nathalie Arias (CREO) y Virgilio Saquicela (Bancada del Acuerdo Nacional).
El CAL resolvió además solicitar al presidente Guillermo Lasso la subsanación de las observaciones identificadas, a fin de que sea presentado nuevamente de conformidad con lo dispuesto en el sexto inciso del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Lasso entregó personalmente al parlamento la propuesta legal que contiene 335 artículos, 11 disposiciones generales, 15 transitorias, dos derogatorias y una final.
Para muchos, el texto atenta contra los derechos de la población ecuatoriana y en especial de los trabajadores.
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