En un pronunciamiento oficial, la instancia recordó al ejecutivo que varios organismos internacionales llamaron la atención al estado por varias situaciones vinculadas a las condiciones de privación de libertad.
Entre ellos, citó al Comité contra la Tortura, que, según precisó, en su informe de Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Ecuador CAT/C/ECU/CO/7, dispuso una serie de recomendaciones, las cuales no han sido observadas.
Señaló además que la Corte Constitucional resolvió el diseño de una política pública integral, debidamente financiada, para brindar soluciones estructurales efectivas a la crisis en el sistema de rehabilitación social con la participación de instituciones estatales y miembros de la sociedad civil.
Las observaciones de la Defensoría del Pueblo, fueron publicadas en medio de momentos de consternación en el país, ante disturbios registrados el pasado martes en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, con un saldo de 116 muertes violentas y 52 heridos.
Al respecto, la instancia a cargo de hacer valer los derechos de la población expresó honda preocupación por el panorama actual y solidaridad con las familias afectadas.
Igualmente, y en observancia de nuestras atribuciones constitucionales y legales, urgió a la realización de una investigación judicial exhaustiva y expedita de los acontecimientos suscitados, a fin de determinar a los responsables directos de las muertes y lesiones.
También, solicitó la instauración de una profunda indagación de los órganos competentes, sobre las prácticas y mecanismos ilegales que permiten el ingreso constante de todo tipo de objetos y sustancias prohibidas a los centros de privación de libertad del país, especialmente armas y estupefacientes.
A juicio del ente, el manejo y comercialización de esos elementos al interior de los establecimientos penitenciarios, genera la mayor parte de los recurrentes hechos de violencia.
En esa misma línea, advirtió de la necesidad de que el estado Ecuatoriano dote los recursos materiales y personal técnico especializado suficiente al sistema nacional de rehabilitación social, con la meta de superar o al menos aminorar las graves condiciones en las cuales se desenvuelven los distintos centros carcelarios de esta nación andina.
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