Los incidentes con armas de fuego y explosivos ocurrieron el martes último y los informes comenzaron con un saldo de cinco muertes, que subió a 24, luego a más de 40 y en horas recientes a 116, mientras los heridos superan los 50.
En las últimas 48 horas, varias acciones se desarrollaron al interior de la cárcel ubicada en Guayaquil y considerada una de las más conflictivas del sistema penitenciario ecuatoriano.
Esta jornada, al menos 400 uniformados, con apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas, volvieron a ingresar a la prisión para una intervención y revisión, a fin de mantener el orden y garantizar la seguridad en el centro.
Como resultado, los efectivos encontraron tres artefactos explosivos, mientras la Fiscalía aún recopila información.
Al respecto, el gobernador de la provincia de Guayas, Pablo Arosemena, precisó que las acciones están enmarcadas en el estado de excepción en el sistema carcelario, decretado la víspera por el presidente de la República, Guillermo Lasso.
La medida regirá por 60 días y permitirá además destinar fondos para la rehabilitación de esas instituciones, que desde hace varios años sufren de hacinamiento y malas condiciones de infraestructura.
En medio de la situación existente, residentes en los alrededores de la prisión manifiestan temor e inseguridad.
En ese mismo escenario, familiares de los reclusos exigen información, pues 48 horas después muchos desconocen si sus parientes y allegados están a salvo o son parte de las listas de fallecidos o heridos.
Las autoridades dispusieron un punto en Guayaquil donde ofrecen información sobre la situación, pero hasta el momento hay múltiples quejas de que los datos ofrecidos son mínimos.
Instituciones nacionales e internacionales vinculadas con los derechos humanos y de las personas privadas de libertad ya emitieron pronunciamientos en los que piden al gobierno nacional atender y solucionar la crisis.
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