En rueda de prensa desde el Ministerio Público, el titular precisó que en los últimos cuatro años se logró la imputación de 776 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles como presuntos responsables de delitos de esa naturaleza, vulneración a los derechos humanos y cómplices en esos delitos, con más de 570 sentencias condenatorias.
Asimismo, Saab ofreció detalles sobre el homicidio del joven David Vallenilla, ocurrido el 22 de junio de 2017 en las inmediaciones de la base aérea Francisco de Miranda, durante protestas violentas promovidas por la extrema derecha opositora entre abril y julio de ese año.
Al respecto, el fiscal general informó la decisión de apelar la sentencia de un tribunal del Área Metropolitana de Caracas, que absolvió al funcionario Arli Méndez Terán por homicidio calificado perpetrado con alevosía y uso indebido de arma orgánica.
‘Apenas dimos a conocer nuestra intención de apelar la sentencia absolutoria, el funcionario continuó privado de libertad; no es cierto que se encuentre libre o fuera del país’, indicó Saab al cuestionar la postura de personeros de la oposición que buscan manipular y sacar réditos políticos de este caso.
El titular del Ministerio Público anunció además el inicio de una investigación penal en contra de la jueza del mencionado tribunal, ‘por su impropia actuación en este caso de violación a los derechos humanos’, enfatizó.
En tal sentido, recordó la responsabilidad de los líderes opositores que enviaron a cientos de jóvenes a las calles a levantar barricadas, lanzar explosivos, cerrar autopistas, asediar centros policiales y militares y enfrentarse a la fuerza pública.
‘Los que reclutaron adolescentes para usarlos de carne de cañón, los autores intelectuales de la violencia política que se vivió en 2014 y 2017, todos viven hoy un exilio dorado en el exterior’, denunció Saab.
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