Las demandas responden a que la mayoría desconoce la condición de sus parientes presos, 72 horas después de incidentes violentos en el interior de esa instalación, cuyas consecuencias fueron de al menos 118 reos asesinados y cerca de 80 lesionados.
Quienes averiguan por sus parientes y conocidos permanecen apostados delante del centro de rehabilitación social ubicado en la ciudad portuaria de Guayaquil y considerado el más problemático del sistema carcelario.
Desde ese punto, además de realizar vigilias por tres noches consecutivas, se trasladan hasta el Parque Samanes, dispuesto por el gobierno para informar sobre los muertos, a medida que son identificados.
Sin embargo, hasta el momento, muy pocos conocen del destino de los privados de libertad en los pabellones afectados por el enfrentamiento con armas de fuego y explosivos, que se extendió por varias horas el martes último.
Además de reclamar las listas de víctimas, las personas se quejan de errores en algunos datos, como supuestos reclusos asesinados, quienes luego se ha comprobado que permanecen con vida.
En declaraciones a medios de comunicación, varias madres y esposas han manifestado estar desesperadas en espera de alguna noticia.
Por su parte, el director del Servicio de Medicina Legal, Milton Zárate, aseguró que la información la debe proveer el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Según aseguró, en las revisiones realizadas a los cuerpos se constató el uso de armas blancas y de fuego.
Igualmente confirmó que algunos reos fueron incinerados o desmembrados, por lo cual su identificación podría tardar entre siete y 10 días.
En las labores forenses colabora personal especializado de varias provincias, para intentar agilizar el proceso.
Las reyertas entre bandas rivales en el Litoral fueron consideradas la peor masacre en el sistema penitenciario de Ecuador, que pasó de estado de emergencia declarado en julio último, a estado de excepción, decretado pro el presidente de la república, Guillermo Lasso, el miércoles pasado.
La crisis existente en las prisiones del país y agudizada este año ha causado reacción en organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que exigen al ejecutivo devolver el orden y la seguridad al sector.
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