El consorcio canadiense-estadounidense privatizador de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tendrá la responsabilidad de supervisar la reconstrucción del sistema energético puertorriqueño, financiado con una asignación federal de 10 mil millones de dólares.
‘El contrato de LUMA debe ser anulado y sustancialmente modificado para proveer las herramientas correctas para la tan necesaria transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico, en cumplimiento con la ley de política pública’, indicó.
Torres recordó que entre 2041 y 2050 se requerirá que el 100 por ciento de la generación eléctrica se produzca con fuentes renovables, por lo que el Congreso de Estados Unidos debe designar un administrador para supervisar la reconstrucción del sistema eléctrico boricua.
Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, tiene proyectado celebrar el próximo miércoles una vista pública virtual sobre el sistema eléctrico de esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Washington desde 1898.
El diputado puertorriqueño dijo al diario El Nuevo Día que igualmente envió la misiva a los 30 miembros de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso y a otros congresistas que no identificó junto al informe final de la investigación que realizara sobre el contrato de LUMA Energy.
Rechazó que su acción refleje una actitud colonial en el sentido de que está solicitando mayor intervención del Congreso para el uso de fondos federales, ya que Puerto Rico no tiene jurisdicción. El gobierno federal tampoco determinó que solo se desembolsaría el dinero si era manejado por una entidad privada, anticipando actos de corrupción del gobierno isleño.
Eso es falso, dijo, eso fue la Junta de Supervisión Fiscal, impuesta por Washington al gobierno puertorriqueño, que lo planteó con la gente de LUMA Energy.
En ese sentido destacó que a estos se debe que la AEE se mantenga y la transacción con la privatizadora es un contrato como operador, condicionando que el dinero de la reconstrucción de la infraestructura sea para entidades públicas o sin fines de lucro.
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