El dictamen forma parte de la respuesta del TCE a una denuncia presentada contra Yunda por el actual burgomaestre, Santiago Guarderas, por presunta infracción electoral muy grave, por incumplir la resolución dictada por esa instancia el 8 de julio último, con la cual perdió su cargo.
De acuerdo con el fallo, además de quedar suspendido por tres años, el exfuncionario público deberá pagar una multa equivalente a 50 salarios básicos unificados, lo que representa 20 mil dólares.
En la sentencia, notificada por un juez del TCE, también quedaron establecidas sanciones de destitución a los letrados de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha Raúl Isaías Mariño y Cenia Solanda Vera.
Por su parte, la jueza de la Violencia contra la Niñez y la Familia María Belén Domínguez deberá pagar 10 mil dólares, equivalentes a 25 salarios básicos unificados, monto que será depositado en los próximos 30 días.
La disposición indica que el expediente sea remitido a la Fiscalía General del Estado para una investigación por el presunto delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente y usurpación de funciones.
El caso también será enviado a la Contraloría del Estado para que realice un examen especial a las actuaciones de Yunda, a partir del 8 de julio de 2021, cuando el dictamen inicial del TCCE ratificó la decisión del Consejo Metropolitano de Quito de cesar al entonces alcalde en sus funciones.
Yunda no acató la resolución de los consejeros pues presentó dos acciones de protección extraordinaria que dejaron sin efecto lo emitido por los contencioso hasta la semana pasada, cuando la Corte Constitucional lo volvió a desvincular de la alcaldía.
Su inhabilitación por tres años le impedirá participar en las próximas elecciones seccionales, fijadas en 2023, pero aún le queda la opción de apelar a lo dictaminado por el tribunal.
El político llegó a la dirección del Consejo Metropolitano tras obtener mayoría de votos en los sufragios de 2019 y desde entonces desarrolló una gestión marcada por grupos a favor y en contra.
Actualmente enfrenta un proceso penal por presunto peculado, debido a supuestas irregularidades en la compra de pruebas de PCR para detectar la Covid-19, adquiridas en 2020 para combatir la enfermedad en la capital, entonces la segunda ciudad más afectada, después de Guayaquil.
msm/scm
