La solicitud formal, con 46 firmas de respaldo, responde a que a juicio de UNES el funcionario no tuvo buen desempeño del cargo, según lo previsto en la Constitución.
A nombre de la bancada el parlamentario Ferdinan Álvarez explicó que el juicio político lo plantean en razón de que en dos demandas presentadas en contra del Estado, Salvador, en lugar de defender los intereses del país, se limitó a decir que se debía pagar a las empresas internacionales.
En el pedido que señaló que esas posturas habrían dado paso a decisiones con repercusión negativa en la disponibilidad de recursos, los cuales pudieron servir para construir escuelas, hospitales y generar empleo.
A juicio de Alvarez, Íñigo Salvador falló a los ecuatorianos y a la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado en el caso de la demanda internacional interpuesta por la empresa Perenco, sobre la cual, un año antes de la interposición de recursos el funcionario anticipó que el Estado debía pagarle y cumplir con su obligación.
‘El procurador olvidó que su deber era velar por los ecuatorianos. En su lugar parece una agencia de cobranza contra el Ecuador’, estimó.
Al respecto, agregó que el fondo a pagar a Perenco serviría para cubrir escuelas, hospitales y oportunidades laborales, las cuales no llegarán.
Entre los elementos presentados consta, además, que el procurador emitió cartas directas al expresidente Lenín Moreno, quien en contubernio con el exministro de Finanzas, Richard Martínez, pagó de manera anticipada la deuda externa en lugar de atender a miles de familias cuyos miembros morían por causa de la Covid-19.
‘No es posible que un servidor público como el procurador no defienda los intereses de la Patria. Iñigo Salvador debe responder sobre la actuación jurídica frente a Perenco’, afirmó la parlamentaria Esther Cuesta.
De su lado, Ana María Raffo consideró que debe ser enjuiciado políticamente y destituido por su negligencia y perjuicio a Ecuador.
mgt/scm
