La solicitud la impulsó la bancada del movimiento Unión por la Esperanza (UNES) y contó con el respaldo de 104 votos a favor, mientras que solo 24 legisladores se pronunciaron en contra del debate.
Al presentar la iniciativa, el parlamentario de UNES, Ronny Aleaga expuso que las respuestas ofrecida a la ciudadanía por el mandatario son insuficientes para definir sus posibles nexos con los Pandora Papers (Papeles de Pandora), cuyo contenido incluye un reporte de figuras mundiales con sociedades en países considerados paraísos fiscales.
‘Hemos recibido con indignación, pero sin asombro la denuncia de que el presidente
Guillermo Lasso consta en un largo listado que incluye a mandatarios, exmandatarios, políticos, empresarios y celebridades que esconden recursos en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos a través de la forma mañosa de conformar compañías offshore’, enfatizó.
Según detalló, ante la revelación del estudio periodístico es posible que el jefe de estado haya incumplido el mandato legal del Pacto Etico aprobado por mayoría del 52 por ciento en consulta popular en 2017, el cual prohíbe a candidatos o funcionarios públicos tener recursos o bienes en paraísos fiscales.
En su criterio, la Asamblea debe intervenir para esclarecer el tema, que para muchos podría implicar un problema de evasión de impuestos.
‘El pueblo ecuatoriano está atento y vigilante de lo que hagamos y es nuestro deber darle respuestas claras y transparentes’, sentenció Aleaga.
Al respecto, señaló que deben ser coherentes con la ciudadanía, cuya confianza y voto les permite ser su voz.
La propuesta de evaluar el pedido de investigar al gobernante fue aprobada a pesar de un comunicado emitido por Lasso en el cual confirma la disolución de 11 empresas offshore y se deslindó de cualquier relación con otras tres compañías.
Asimismo, la víspera solicitó a la Contraloría General del Estado hacer una revisión de su declaración patrimonial juramentada antes de asumir la presidencia, el 24 de mayo último, y con ese fin renunció al sigilo bancario que establece el Código Orgánico Monetario y Financiero.
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