La investigación, que constituyó una actualización del Análisis Rápido de Género, la impulsaron las organizaciones CARE, World Vision, Plan International y el Programa Mundial de Alimentos. De acuerdo con el estudio, las adolescentes entre 16 a 18 años son las más afectadas en cuanto a salud, educación, alimentación y sistemas de protección social, mientras que el 82 por ciento de menores entre cinco y 16 años, realizan tareas domésticas, lo cual pone en riesgo su derecho a una educación plena.
La pesquisa arrojó que las medidas de confinamiento y protección durante la crisis sanitaria, iniciada en marzo de 2020, impactaron significativamente en ese sector de la sociedad.
Entre los problemas principales resaltan la inseguridad alimentaria, violencia de género física, sexual, verbal y psicológica, aumento de responsabilidades y tareas domésticas, así como malas condiciones de las viviendas.
Los datos aportados indicaron que en 2020, 420 mil niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de trabajo infantil y aunque hubo un porcentaje menor en comparación con el 2019, se incrementó el trabajo adolescente.
En ese contexto, el 35 por ciento de las niñas y adolescentes encuestadas afirmaron que conocen a menores obligados a trabajar en sus comunidades y el 25 por ciento debió laborar para apoyar a sus familias.
Sobre violencia física y sexual, el estudio detectó que el 24 por ciento manifestaron ser maltratadas físicamente a veces.
Asimismo, advierte que el 12 por ciento de féminas entre 10-19 años han estado embarazadas al menos una vez y el 80 por ciento de ellos son consecuencia de abusos sexuales.
El estudio de género, actualizado en julio de 2021, se llevó a cabo en nueve provincias del país (Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Imbabura, Manabí, Pichincha, Sucumbíos).
La investigación comprendió mil 507 encuestas, siete grupos focales y 11 entrevistas a profundidad a niñas, adolescentes, personal y directivos de las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional, autoridades estatales, entre otros actores clave.
Las instituciones involucradas en la pesquisa buscan proponer recomendaciones para la respuesta de organizaciones públicas y privadas guiada por las necesidades y voces, especialmente, de un sector en condiciones de vulnerabilidad y exclusión.
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