Según revelaron los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en 2010, cuando Piñera ejercía su primer mandato, él y su familia vendieron a un amigo acciones de la minera Dominga por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se negociaron en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
El pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que no se cumpliera el reclamo de defensores de la naturaleza de declarar la zona como de protección ambiental.
El proyecto minero y portuario Dominga había sido rechazado en 2017, sin embargo, en agosto pasado una comisión ambiental, nombrada en su mayoría por el gobierno, dio luz verde a la iniciativa, lo cual provocó un amplio rechazo y generó protestas en Santiago, Valparaíso, La Serena y Coquimbo.
Tras las sospechas de conflicto de intereses y evasión de impuestos por parte del mandatario, todas las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados acordaron iniciar un proceso constitucional en su contra.
Este procedimiento se aplica a las autoridades señaladas de incurrir en alguna infracción que justifique su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo o cualquier otra función pública.
No es la primera vez que se intenta procesar al presidente. En noviembre de 2019, un mes después del inicio del estallido social, la oposición presentó una acusación por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas, pero la iniciativa no prosperó.
La próxima semana, diputados opositores presentarán un recurso en su contra ante la Cámara de Diputados, donde se necesitan 78 votos para su aprobación y posterior pase al Senado.
Para el jefe del bloque del Partido Socialista, Jaime Naranjo, ‘Piñera infringió el principio de probidad establecido en la constitución y comprometió gravemente el honor de la patria’.
‘Cuesta creer que el presidente no haya tenido conocimiento de este negocio, donde están involucrados todos sus familiares directos’, señaló, por su parte, la diputada del partido oficialista Renovación Nacional, Camila Flores.
El mandatario chileno es uno de los tres presidentes en activo, junto al ecuatoriano, Guillermo Lasso, y el dominicano, Luis Abinader, que aparecen en la más reciente filtración de millones de documentos conocida como Pandora Papers (Papeles de Pandora).
En una declaración desde el Palacio de la Moneda, el jefe de Estado negó cualquier conflicto de intereses entre sus negocios privados y su vida política y dijo que los hechos ya fueron investigados por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales en 2017.
Sin embargo, el fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó a la Unidad Anticorrupción analizar las transacciones descritas en los denominados Papeles de Pandora, para determinar si hay posibles delitos tributarios o de tráfico de influencias que ameriten una investigación penal de oficio.
En Chile se han presentado acusaciones constitucionales contra un mandatario en ejercicio en dos ocasiones, la primera contra Carlos Ibáñez, en 1956, y la segunda contra Piñera, en 2019, y ninguna de las dos prosperó.
Los diputados esperan que la acusación constitucional sea sometida a votación en la cámara baja antes del 21 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales y legislativas.
De pasar al Senado, analistas ven poco probable su aprobación porque se necesitan 29 sufragios de 43 y la oposición cuenta con 24.
Cualquiera que sea el resultado, el escándalo ya le pasó factura al oficialismo, cuyo candidato a la presidencia, Sebastián Sichel, cayó del segundo al tercer lugar en las encuestas, por detrás del aspirante de la ultraderecha, José Antonio Kast.
‘El efecto que dejarán los Pandora Papers tendrá insospechadas consecuencias políticas y electorales que probablemente superen con largueza a las judiciales’, señaló un artículo del diario digital El Mostrador.
Añadió la publicación que los principales afectados por las esquirlas políticas y electorales son el actual presidente y el candidato de la coalición de derecha Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.
‘Piñera no estará en la papeleta del 21 de noviembre, pero la gente verá en Sichel a su representante y, por lo tanto, contra él se dirigirá la rabia de la opinión pública’, afirmó el artículo.
El presidente es el peor evaluado desde el retorno a la democracia en el país y, según la última encuesta, 73 por ciento de la ciudadanía desaprueba su gestión.
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