La reunión, prevista inicialmente para mañana en la sede del Gobierno, quedó descartada ante la decisión reciente el pleno del órgano legislativo de asignar la investigación a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la lnterculturalidad.
Al respecto, en un comunicado, Llori aclaró que la decisión fue adoptada con 105 de los 137 votos posibles de la instancia, sobre la base de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y teniendo en cuenta la conmoción social generada por la investigación Pandora Papers, sobre sociedades de figuras mundiales en paraísos fiscales, entre ellas, Lasso.
El texto recalcó que el Pleno indicó a la Comisión de Fiscalización y Control Político remitir de manera inmediata toda la información y documentación relacionada con el estudio periodística a la Comisión de Garantías Constitucionales, mesa con competencia exclusiva para el proceso.
En ese sentido, será el equipo designado el que solicite las comparecencias y requiera información necesaria, con el fin de esclarecer la presunta vinculación del presidente de la República.
‘Una vez concluida la investigación, la Comisión elaborará un informe pormenorizado, con sus respectivas recomendaciones, para que sea conocido y debatido ante el Pleno de la Asamblea Nacional’, aseguró el comunicado.
Con el pronunciamiento de la máxima dignidad del parlamento la Comisión de Fiscalización quedó fuera de la evaluación y limitada a aportar los datos que tienen al respecto.
La indagación permitirá esclarecer si el jefe de Estado incumplió el mandato legal del pacto ético, aprobado por mayoría del 52 por ciento de la ciudadanía en consulta popular en 2017, que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener sus recursos o bienes en paraísos fiscales.
En su caso, los Pandora Papers, develados hace una semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelaron que previo a postularse en 2017, Guillermo Lasso tenía 14 sociedades en territorios considerados paraísos fiscales, para facilitar a personas acaudaladas ocultar sus riquezas y evadir el fisco.
De acuerdo con la investigación, poco antes de su candidatura, Lasso disolvió 11 de sus empresas en Panamá y Estados Unidos, lo cual fue ratificado por el gobernante, quien además señaló que no guarda vínculos con las sociedades restantes.
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