El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) argumentó las razones por las cuales autoridades municipales de la isla denegaron el permiso a una marcha convocada inicialmente para el 20 de noviembre en varias localidades, que consideraron parte de planes desestabilizadores promovidos desde Estados Unidos.
Los organizadores intentan arroparse en la Constitución para legitimar la provocación. Usan preceptos constitucionales para defender estrategias anticonstitucionales, señaló el texto.
El periódico insertó el Artículo 45 de la carta magna, según el cual ‘el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes’.
Granma recordó que la Constitución vigente fue aprobada hace apenas tres años por el 86,85 por ciento de los votantes y establece:
‘En ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el Artículo 4, y la prohibición de negociar bajo las circunstancias previstas en el inciso a) del Artículo 16’.
Está claro que ni ahora ni en el futuro el derecho a la manifestación puede utilizarse para subvertir el sistema político, derrocar el proyecto socialista o para establecer alianzas con grupos y organizaciones que reciben financiamiento exterior con el objetivo de promover los intereses del gobierno de los Estados Unidos, añadió.
Y remarcó: No existe en nuestro país el derecho a obrar a favor de los intereses de una potencia extranjera y a poner en riesgo la estabilidad ciudadana. Es anticonstitucional, ilegítimo, inmoral, adscribirse a un proyecto anexionista. Lo dicen nuestras leyes y lo dice nuestra historia.
El editorial señaló que entre los convocantes a la manifestación hay ‘cabecillas contrarrevolucionarios’, que reconocen abiertamente el financiamiento del Gobierno de Estados Unidos para subvertir el orden constitucional en la isla.
‘Uno de sus promotores ha sido formado en cursos auspiciados por la fundación derechista argentina CADAL, universidades estadounidenses y tanques pensantes como el Fondo Carniege para la Paz Internacional (dirigido hasta hace poco por el actual director de la CIA, William J. Burns)’, precisó.
Apenas se anunció por sus organizadores, la marcha recibió apoyo público y notorio de legisladores estadounidenses, operadores políticos de la mafia anticubana y medios de comunicación que alientan acciones contra la Revolución, denunció el órgano oficial del PCC.
Granma fustigó, además, el involucramiento de los funcionarios de la embajada estadounidense en La Habana, que no presta ni siquiera servicios consulares, pero sirve ‘el indigno papel de niñeros de los exponentes contrarrevolucionarios’.
Ese comportamiento está en total contravención del Derecho Internacional y en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adujo el diario.
Y concluyó que con tales patrocinadores y declarados propósitos, es muy difícil presumir de civismo y pacifismo en la acción convocada para noviembre. ‘Mucho menos de intenciones legítimas y soberanas’, añadió.
ool
