Los inconformes anunciaron ayer el cierre de varias carreteras importantes en todo el país, una acción que podría durar tres días, confirmaron, si no se llega a un acuerdo.
Desde finales de noviembre de 2019, el Congreso tiene para su dictamen la iniciativa 5664, ley de dignificación económica por la prestación del servicio militar voluntario, pero sin avances, entre otros argumentos por dudas acerca de la autenticidad de quienes hoy se suman a la exigencia de resarcimiento..
Este miércoles, las protestas se hicieron sentir también en las afueras del edificio Legislativo, a donde llegaron integrantes de asociaciones de veteranos con sus demandas.
El cierre de carreteras incluiría, además, aduanas, puertos y aeropuertos, de ahí que la terminal internacional capitalina La Aurora amaneciera con un fuerte dispositivo policial para impedir un eventual bloqueo.
Varias cámaras empresariales manifestaron mediante comunicados el respeto al derecho de los diferentes sectores a manifestar, pero sin que esto vulnere la libre locomoción y afecte las actividades comerciales, por lo que llamaron a que prevalezca el diálogo.
Reportes de prensa mostraron largas filas de vehículos y camiones con mercancías en lugares clave de tránsito como Río Hondo, Zacapa; La Ruidosa, Izabal; Sanarate, El Progreso; Cruce de la Virgen, Tecún Umán, San Marcos; Cuatro Caminos, Totonicapán, y Salcajá, Quetzaltenango, entre otros.
Desde junio de este año, exmilitares insisten en solicitar un llamado ‘bono patriótico’ y según el Ministerio de Defensa unos 95 mil podrían acogerse a la indemnización.
Esto representaría no menos de 36 mil millones de quetzales (casi cinco mil millones de dólares) en un año de atroz pandemia y con altísimos niveles de corrupción en el Estado, alertó el vespertino La Hora en un artículo de opinión titulado Extorsión militar como ‘bono patriótico’.
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