El cierre de puntos claves a nivel nacional comenzó la víspera como exigencia al pago de 120 mil quetzales (un poco más de 15 mil dólares) como especie de ‘bono patriótico’ por sus servicios durante el conflicto armado interno (1960-1996), una iniciativa de ley aún sin dictamen favorable de las comisiones legislativas a cargo del tema.
Sin embargo, con el ofrecimiento de varias comisiones del Congreso de recibirlos el martes próximo, entre ellas la de Defensa Nacional, el líder del grupo apostado frente al Congreso, Francisco González, confirmó la apertura paulatina de todas las carreteras y advirtió que volverán el día 19 en manifestación pacífica.
Pedro Alonso, uno de los presidentes de estas asociaciones, explicó al medio La Red Noticias que recibieron un documento del diputado Óscar Argueta para una reunión el próximo martes junto al titular de Defensa.
‘Si el señor ministro no cumple con entregar el estado de fuerza (listado de beneficiarios) que se le está pidiendo, toditos los veteranos se vienen hacia la ciudad capital’, enfatizó González.
Mario López Espinoza, presidente de la Asociación de Veteranos Militares para el Desarrollo Integral de Guatemala, mencionó que de no ser atendidos en las primeras horas, estarían tomando el Congreso y el aeropuerto internacional La Aurora.
Para respaldar su pedido, mostraron un video durante las manifestaciones frente al Congreso, donde el presidente Alejandro Giammattei, en plena campaña electoral, les ofrece aprobar la ley de resarcimiento 5664.
Esta propuesta es una compensación económica para los soldados veteranos por la prestación del servicio militar durante el enfrentamiento armado interno.
Medios de prensa como La Hora recordaron que el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico da cuenta de 250 mil muertos y desaparecidos en ese período, la mayoría a manos de estos exmilitares que ahora piden ‘indemnización’.
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