El nuevo incidente en la cárcel donde el pasado mes pasado de septiembre hubo una masacre que costó 119 vidas, fue confirmado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
De acuerdo con los reportes preliminares, la indagación intenta comprobar un presunto suicidio de los reos, quienes aparecieron ahorcados en la madrugada, en el pabellón 8 de ese centro de rehabilitación social.
El SNAI agregó que un equipo de efectivos policiales y militares están desplegados en los exteriores de la prisión para mantener el control y la seguridad del sector.
Por su parte, la Policía Nacional informó que se activaron protocolos y efectuó una operación de requisa junto a personal de las Fuerzas Armadas.
Como resultado, en los exteriores de la penitenciaría se encontraron dos maletas con municiones y una amoladora (herramienta utilizada para lijar, pulir y cortar varios materiales).
La nueva alarma resuena a pocos días de los incidentes violentos ocurridos el 28 de septiembre último en esa misma institución, que terminaron con la muerte de 119 internos y al menos 79 heridos.
Según las autoridades, los enfrentamientos con armas blancas y de fuego fueron protagonizados por miembros de bandas delictivas rivales. Sin embargo, analistas y exdirectivos del sector carcelario coinciden en mencionar otras razones que fomentan la violencia en esos centros, como el hacinamiento e inadecuada rehabilitación social.
A raíz de los incidentes, el gobierno nacional decretó estado de excepción en la red carcelaria, a fin de permitir destinar los fondos requeridos e implementar medidas para atender y solucionar la situación.
Diversas instancias nacionales e internacionales dedicadas a los derechos humanos han instado al ejecutivo a desarrollar acciones que permitan resolver los problemas, acumulados desde hace varios años y agudizados a partir de 2020, cuando bajo la presidencia de Lenín Moreno, comenzó el estallido de disturbios.
Con corte el 31 de marzo de 2021, datos de la Unidad de Estadísticas del SNAI constataron que la población privada de la libertad en Ecuador era de 38 mil 548, y la capacidad era para 29 mil 897.
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