Un recuento preliminar del Ministerio de Gobernación confirmó la quema de cinco vehículos y tres motocicletas estacionadas en el parqueo de la sede legislativa, donde se vivieron horas de tensión desde la tarde, cuando los manifestantes impidieron la salida de diputados, trabajadores y medios de prensa que cubrían la sesión parlamentaria.
Los daños incluyen, además, ventanales y áreas de oficinas por la extensión de las llamas, precisó el subdirector de la Policía Nacional Civil, Érick Tórtola, quien calificó los disturbios de ilegales.
El funcionario explicó que, con machetes, palos y objetos contundentes, derribaron parte del portón de la institución, luego de agredir físicamente a los agentes que normalmente acordonan el lugar cuando se notifican marchas.
De acuerdo con el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, ya hay dos personas capturadas en Torre de Tribunales y otras dos se encuentran en el hospital San Juan de Dios en espera de igual procedimiento.
Reyes detalló que pondrán a disposición las unidades de inteligencia de Gobernación y de la Policía Nacional Civil para colaborar con el Ministerio Público, a la par que se cancelará el aval de las organizaciones involucradas en los hechos delictivos.
Por su parte, el presidente del Legislativo Allan Rodríguez, condenó los disturbios, actos delincuenciales y terroristas, afirmó.
Según Rodríguez, hay una mesa de diálogo instalada y avances en el examen de la iniciativa de ley 5664, pero no permitirán presiones ni chantajes.
Los veteranos militares llegaron este martes desde muy temprano al Hemiciclo para exigir el pago de un llamado ‘bono patriótico’ de 120 mil quetzales (casi 16 mil dólares) por sus servicios durante el conflicto armado interno.
Después de dos días de continuos bloqueos en las principales rutas del país y protestas también frente al Congreso, los descontentos acordaron poner fin a sus acciones con la condición de que hoy se les diera una respuesta a sus demandas, señalaron.
Ya entonces habían amenazado con utilizar la fuerza si los diputados no avanzaban con la aprobación de la iniciativa de ley 5664, prácticamente inviable este año y el próximo.
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