El equipo legislativo encargado de indagar sobre los posibles vínculos del presidente de la república, Guillermo Lasso, con paraísos fiscales, no ha podido recopilar testimonios pues los primeros convocados, incluido el mandatario, rehusaron asistir al llamado.
El pasado 20 de octubre fue la primera citación a Lasso, su esposa María de Lourdes Alcívar y su hijo Santiago, además de otras cuatro personas.
Por respuesta, el jefe de estado envió una carta al presidente de la comisión, José Cabascango, de la bancada del partido Pachakutik, en la cual señaló que está abierto a recibir a los asambleístas en el Palacio de Carondelet.
Asimismo, aclaró que ofrecerá su versión una vez realizadas todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo, pues tiene ‘pleno derecho a conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho foro’.
Sus familiares cercanos tampoco asistieron al parlamento y alegraron que al no ser funcionarios públicos no es obligatorio, por lo cual consideran enviar al abogado en su representación.
Por su parte, la Comisión de Garantías Constitucionales volvió a citar al gobernante para esta jornada, pero recibió otra disculpa, en una escueta misiva, que indica: ‘Al respecto, debo respetuosamente ratificar los términos de mi comunicación entregada el día 20 de octubre de 2021, sin que sea necesario abundar en nuevos argumentos’.
El 3 de octubre pasado salieron a la luz los llamados Pandora Papers, investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que involucra a numerosas figuras mundiales con supuestas empresas y fondos en países considerados paraísos fiscales, entre ellos el mandatario ecuatoriano.
Al respecto, el ICIJ señaló que Lasso tenía al menos una decena de compañías que disolvió en 2017, previo a postularse como candidato presidencial, lo cual fue ratificado por el gobernante, y otras tres, con las cuales dice no tener nexos de ningún tipo.
De forma paralela, la Fiscalía general del Estado inició una indagación previa por el presunto delito de defraudación tributaria.
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