La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) fueron las primeras instancias en manifestar su desacuerdo con la disposición.
Ambos colectivos señalaron que la medida no se aplica teniendo en cuenta los valores actuales de la gasolina ecopaís y extra y del diésel, sino desde un nuevo aumento de cinco y 21 centavos, respectivamente.
Las nuevas tarifas serán de 2.55 dólares por cada galón de gasolina y 1.90 en el caso del diésel.
‘El Consejo ampliado de la CONAIE analiza la situación del país, rechaza el nuevo incremento (…) El gobierno anuncia un congelamiento con un nuevo incremento que golpea la economía popular. Se analizan acciones unitarias’, afirmó la Confederación.
La nueva situación fue analizada en el marco del Consejo Ampliado de la Conaie, que tiene lugar en la provincia de Chimborazo, en el cual determinaron declararse en resistencia desde el 26 de octubre próximo, cuando está convocado un nuevo paro nacional.
‘No podemos aceptar semejante incremento al precio de los combustibles. El Gobierno se ha burlado de las mesas de diálogo propuestas’, aseveró Leonidas Iza, presidente de la institución que representa a los pueblos y nacionalidades indígenas.
Por su parte, el máximo directivo del FUT, Ángel Sánchez, afirmó que el Ejecutivo debió congelar el precio de los combustibles, al menos basado en las tarifas actuales.
‘Esa manera de responder al pueblo no es la adecuada, es burlarse del pueblo. Esta situación está echando al traste todo lo que se pueda hacer en materia de querer dialogar’, sostuvo el líder de los trabajadores en declaraciones al diario El Comercio.
La disposición del jefe de Estado, lejos de ser aceptada, despertó además críticas desde otros movimientos, organizaciones y en parte de la población.
El tema de los combustibles es un reclamo de más de dos años, que tuvo su punto máximo en octubre de 2019 con protestas populares por 11 días consecutivos, marcadas por una fuerte represión de la policía y los militares a los manifestantes.
La demanda de entonces se mantiene: derogar los decretos que permitieron establecer bandas de precios para la gasolina y el diésel, lo cual implica un alza en el costo del transporte y de productos de primera necesidad, además de afectar a múltiples sectores.
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