‘El denominado Gobierno del Encuentro acaba de anunciar qué: ‘suspende los incrementos mensuales al precio de los combustibles’. Lo que no señala el presidente Lasso es que dicha ‘congelación’ al precio de los combustibles aumenta los márgenes de ganancias de las comercializadoras’, señala UNE en un comunicado.
A juicio de la instancia que representa a los docentes del país, el ejecutivo recurre a la demagogia para continuar con su política neoliberal y avanzar en la aprobación de sus reformas laborales regresivas en derechos y tributarias, en beneficio de los evasores de impuestos.
En el texto, la Unión ratificó respaldo a la jornada de movilización nacional convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para el venidero 26 de octubre.
Las demandas de los sectores sociales en esas manifestaciones estarán centradas en el rechazo al alto costo de la vida, reclamos de la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1054 que estableció bandas de precios en los combustibles y la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Aprobar el Código Orgánico del Trabajo presentado recientemente ante la Asamblea Nacional por el Frente Unitario de Trabajadores, presupuesto para la educación y la salud, no incrementar las tarifas en los insumos agrícolas y valores justos para los productos del agro son otros pedidos al gobierno.
La víspera el mandatario informó a la ciudadanía que congelaría los precios de la gasolina extra y ecopaís, así como del diésel, pero no sobre la base de las tarifas actuales, sino a partir de un nuevo incremento de cinco y 21 centavos respectivamente.
También afirmó que la organización presentó al ejecutivo varias propuestas sin recibir respuestas.
En ese sentido, alertó que el denominado diálogo entre la administración nacional y los diferentes sectores de la sociedad es solo un eslogan.
La postura de UNE se suma a la anunciada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y el FUT, en reacción inmediata a la decisión del dignatario.
Desde las redes sociales, trabajadores y representantes de la ciudadanía en general consideran la disposición como un paquetazo.
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