Según el sondeo, realizado por la Confederación Japonesa de Organizaciones de Afectados por Bombas, el 60,3 por ciento de los dañados ‘tiene ansiedades y preocupaciones como sobrevivientes de segunda generación’.
La mayoría de ellos respondieron que querían que el Gobierno subsidiara sus tarifas de atención médica o les emitieran certificados de sobrevivientes de la bomba atómica que les daban derecho a asistencia gratuita y otros beneficios.
Según las autoridades niponas, los sobrevivientes de segunda generación no experimentaron genéticamente los efectos de las bombas atómicas y no son elegibles para la ayuda brindada en virtud de la Ley de asistencia.
Yoshihiro Yagi, investigadora asociada de sociología en la Universidad de Mujeres Showa que trabajó en la compilación de los resultados, declaró al diario Mainichi que el estudio puede servir ‘como un empujón’ para reflexionar sobre las solicitudes de los llamados hibakusha de segunda generación.
A mediados de este mes, casi 200 personas que estuvieron expuestas a la lluvia negra radiactiva en Hiroshima solicitaron al Gobierno atención médica gratuita.
Los demandantes recibieron los impactos de la radiactividad fuera del área originalmente considerada elegible para las medidas de auxilio como sobrevivientes de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos, que impactó la urbe el 6 de agosto de 1945.
En julio pasado un fallo del Tribunal Superior de Hiroshima determinó reconocer a 84 personas que se encontraban en áreas que quedaban fuera de la ayuda inicialmente designada por el ejecutivo.
La bomba atómica lanzada ese día fue la primera utilizada contra una población civil, y a esta le siguió otra el 9 de agosto en la vecina Nagasaki.
Ambos ataques formaron parte de la estrategia de Estados Unidos para forzar la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
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