Con un amplio dispositivo de seguridad en las afueras y dos horas de retraso, el Legislativo tuvo como único punto de su agenda el examen de la medida de excepción impuesta por el presidente Alejandro Giammattei el pasado domingo, bajo el argumento de retomar el control del municipio ante disturbios atribuidos a comunidades q’eqchi’ en resistencia.
Durante 14 días, los manifestantes bloquearon un tramo de carretera para exigir su inclusión en el proceso de preconsulta en marcha sobre los derechos de licencia otorgados al proyecto Fénix, detenido en abril de este año por resolución de la Corte de Constitucionalidad.
En la votación de este lunes, llamó la atención la ausencia de 50 congresistas y de 25 que lo hicieron en contra; sin embargo, no fueron suficientes para superar la mayoría de la bancada oficial junto a sus nuevos aliados y otros ya tradicionales.
Como parte de la discusión, se acordó, además, incluir un artículo para crear una mesa de diálogo nacional en El Estor con participación del Ministerio de Energía y Minas, representantes de poblaciones originarias, la Procuraduría de los Derechos Humanos y líderes involucrados en la protesta de las últimas semanas.
El gobierno de Giammattei justificó su decisión de disolver por la fuerza el pasado viernes a los manifestantes (uso de bombas lacrimógenas) debido a que impedían el paso de vehículos cargados de carbón hacia una planta ubicada en el área de conflicto, una respuesta considerada excesiva por organizaciones indígenas y que exacerbó más las tensiones.
Tras la publicación ayer del Decreto 9-2021, unos 500 soldados y 350 policías llegaron a El Estor en camiones, patrullas e incluso vehículos blindados para imponer calma y un toque de queda de 12 horas por espacio de 30 días.
En rechazo al estado de sitio, líderes y alcaldes indígenas de Izabal, Alta Verapaz y de los 48 Cantones de Totonicapán marcharon este lunes desde la Plaza de la Constitución hasta el Ministerio Público, donde interpusieron acciones legales contra Giammattei y el ministro de Gobernación Gendri Reyes.
Ya en las afueras del Congreso lograron entrar para documentar su oposición a la forma violenta en que el Ejecutivo actuó, una constante por diversos motivos de conflictividad sin que la región solucione problemas históricos como extrema pobreza, uso indiscriminado de sus recursos y narcotráfico, recordaron medios de prensa.
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