Los procesos se llevarán a cabo contra Víctor Anchundia (superintendente de compañías), Ruth Arregui (superintendente de bancos), Carlos Riofrío (contralor subrogante) e Iñigo Salvador (procurador general del estado).
Las solicitudes de enjuiciamiento por incumplimiento de funciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y será la Comisión de Fiscalización y Control Político la encargada de recopilar las pruebas de cargo y descargo necesarias para emitir un informe ante el pleno.
Una vez concluidas las investigaciones pertinentes, será el colectivo completo del parlamento el encargado de definir si esos directivos serán censurados y destituidos.
En septiembre, los asambleístas aprobaron por mayoría separar del puesto al defensor del pueblo Freddy Carrión, quien poco después fue condenado por la Corte Nacional de Justicia a prisión por el delito de abuso sexual, condena a la cual apela.
Los nuevos pedidos se dan en momentos en que la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad lleva a cabo una indagación sobre los presuntos vínculos del presidente de la República, Guillermo Lasso, con los denominados Pandora Papers, que relaciona a figuras mundiales con paraísos fiscales.
Con obstáculos y sin la comparecencia de los primeros llamados a testificar, entre ellos el propio mandatario, su esposa María de Lourdes Alcívar y su hijo Santiago Xavier Lasso, quienes declinaron acudir al legislativo,
En el caso del gobernante, advirtió que ofrecerá su versión una vez concluidas todas las comparecencias previstas y en el palacio presidencial, donde recibirá a la comisión a cargo.
Por su parte sus familiares cercanos alegaron que no son funcionarios públicos, por lo cual no es obligatoria su asistencia y en su lugar propusieron enviar a su abogado a representarlos.
Según la investigación periodística Pandora Papers, Lasso tuvo al menos 14 compañías en países considerados paraísos fiscales, de las cuales disolvió 11 previo a su candidatura como jefe de Estado en 2017, lo cual fue admitido por el gobernante, quien asegura no tener relación con las tres empresas restantes.
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