Claudia Hugo y Lucía Etcheverry, pusieron en tela de juicio avisos de control del ejercicio de ese derecho por parte del alto funcionario y la designación de una persona partidaria de prohibirlo a cargo del correspondiente departamento.
“Se equivoca el presidente de ASSE, confunde su rol, no hay lugar para matices, los derechos se respetan y se ejercen”, manifestaron ante el anuncio de “revisar los procesos como hay que hacer” para que las interesadas no actúen de manera “muy automatizada”.
Entre las reacciones desatadas en redes sociales, la presidenta de la organización Mujer y Salud Uruguay, Lilian Abracinskas, señaló que los que intervienen en aborto, por ley “no tiene permitido ni autorizar, ni negar, deben informar”.
Recordó a Cipriani que ya no dirige la mutualista privada Círculo Católico y ASSE no es una institución “objetora de ideario y el Estado uruguayo es laico”.
La también legisladora frenteamplista Cristina Lustemberg cuestionó antes la designación en la coordinación del IVE a Gabriela Ficher, a quien Abrcinskas identifica como perteneciente al denominado movimiento “provida”, un concepto adoptado por quienes se oponen al derecho al aborto.
El presidente de la nación, Luis Lacalle Pou, en sus primeras declaraciones públicas en 2020 se manifestó abiertamente partidario de esa prohibición.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que regula y despenaliza la práctica de abortos en el Uruguay fue adoptada en el año 2012, bajo el segundo gobierno del Frente Amplio.
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